Agentes rurales de por lo menos 60 de las 116 comunidades de Chenalhó acordaron que a partir de este lunes se suspendan las clases en todos los niveles educativos, con el argumento de que “no existen condiciones de seguridad para los alumnos” por la falta de gobernabilidad, luego de que partidarios de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez tomaron el Palacio Municipal el 22 de febrero pasado.
En un documento dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado (PGJE), entre otras instancias, manifestaron que el objetivo de la suspensión de clases es “evitar la pérdida de vidas humanas, ya que no existen condiciones de seguridad para los alumnos y para los docentes”.
Recordaron que el pasado 28 de febrero, los profesores de la Zona Escolar 016 firmaron un acta en la que acordaron no laborar en las escuelas “hasta que existan condiciones de seguridad, paz y tranquilidad de Chenalhó”.
Los agentes que firmaron el documento, partidarios del síndico Miguel Sántiz Álvarez, quien fungió varios meses como presidente sustituto de Chenalhó, demandaron que “cesen las amenazas, intimidaciones y disparos de arma de fuego en las comunidades y que se tomen medidas cautelares en las localidades en las que viven hombres, mujeres y niños que repudiamos y desconocemos a Rosa Pérez”.
Presionada por sus opositores y por funcionarios estatales, Rosa Pérez solicitó licencia al cargo el 26 de mayo pasado y en su lugar, el Congreso local designó a Sántiz Álvarez, alcalde sustituto.
Sin embargo, el 17 de agosto el TEPJF ordenó la restitución de Pérez Pérez, quien instaló una oficina en San Cristóbal para despachar como la alcaldesa constitucional, mientras que Santís permaneció en el Palacio Municipal, sin embargo, el pasado 22 de febrero cientos de sus partidarios tomaron el palacio, aunque ella continúa atendiendo a sus seguidores en esta ciudad, pues desde su reinstalación recibe el presupuesto oficial.
Los inconformes exigieron “castigo inmediato a los autores materiales e intelectuales de la toma violenta del Palacio Municipal y del asesinato de Vásquez Ruiz, pues este crimen no puede quedar impune; reparación de los daños por su muerte, por los saqueos a comercios y casas, y la quema de una tienda ocurrido el pasado viernes”.
Peticiones
También demandaron a las autoridades estatales “atención inmediata a 221 desplazados (partidarios de Miguel Sántiz) que están refugiados en San Cristóbal” y a la PGR le pidieron que “tome cartas en el asunto del grupo armado que tiene secuestrado y ocupado nuestro Palacio Municipal”.
Por separado, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal dijo que habló recientemente con el párroco de Chenalhó, Manuel Pérez, y le dijo que “las cosas están muy inestables, que no hay claridad, que hay acusaciones entre unos y otros, y no se ve claro por dónde se puede encontrar una solución al conflicto”.
Agregó: “ciertamente es complicado que la presidenta Rosa Pérez regrese, aunque muchos de sus partidarios lo piden. El párroco dice que hay inseguridad, inestabilidad, rumores y que no se ve por dónde puede haber una solución”, por lo que “yo invito a las personas que están en el poder y a las autoridades estatales a seguir buscando caminos de solución, no solo con dinero sino con convicción”.
