"Ruta libre de la droga y de indocumentados centroamericanos, escenario de atentados de policías contra sus jefes y de asesinatos entre sicarios y narcos, Tabasco es, como dice la canción, un edén, pero para el crimen organizado.
Siempre distinguido por sus altos índices de violencia, justificada a la ligera por el explosivo temperamento tropical, el rico estado petrolero, ganadero, cafeticultor y cacaotero está en poder de las mafias por ""negligencia, corrupción y temor"", según el presidente estatal del PAN, Nicolás Alejandro León Cruz.
El profesor Martín Ortiz, de la Universidad Juárez, observa una combinación de ignorancia, miseria y descuido en que los alcaldes priístas y perredistas que se reparten los 17 ayuntamientos de la entidad tienen a los municipios, donde un acuerdo tácito permite a las mafias operar con tranquilidad.
José Ramiro López Obrador, dirigente estatal del PRD, tiene una respuesta más simple: la responsabilidad del crimen organizado es de la Federación. Tan-tan.
Sin embargo, perredistas y priístas están permanente trenzados en conquistar el poder municipal, sin asumir sus consecuencias. El PAN no tiene ahí mayor significación electoral, por lo que sus líderes son más incisivos en sus críticas.
La triste conclusión es que la estulticia no tiene ideología, sino, por el contrario, posee credenciales de todos los partidos.
Los políticos tabasquenos, distinguidos por su retórica estridente, pero a veces vacía, buscan desesperadamente el poder aunque no estén suficientemente capacitados para ejercerlo. No es, por desgracia, un caso insólito en el país.
En el penal de Puente Grande, Jalisco, está preso el ex secretario de Seguridad Juan Cano Torres, por haber contratado a matones de Los Zetas para atentar contra quien lo sustituyó en el cargo, Francisco Fernández Solís, hace ano y medio. Un cómplice también está en prisión.
Más de 200 agentes de seguridad están en la nómina mensual de 5 millones de pesos de las mafias. Varios agentes y jefes han sido destituidos por sus vinculaciones con la delincuencia mayor.
Entre tanto, las autoridades municipales se declaran ajenas a la actividad criminal en gran escala.
Su preocupación está centrada en conservar y si es posible ampliar su pequeno poder político.
Perdidos en competitividad
En un mundo globalizado, la capacidad de competir determina la riqueza de las naciones, el crecimiento de su economía y, por lo tanto, los empleos y la calidad de vida de su gente. México, lejos de mejorar en ese rubro, cayó este ano del lugar 44 a nivel mundial al 56.
Crear una empresa en México toma meses de trámites. Existe un hueco legal que permite opacidad total en los sindicatos y la extorsión contra los empleadores. Una estructura impositiva que afecta en vez de alentar la inversión.
Desde luego, hay responsabilidad también en las empresas que buscan beneficiarse con el mínimo esfuerzo. Se escudan en la adversidad legal y laboral del país, pero su escasa inversión contrasta con las ganancias que perciben. En este grupo, reacio a la competencia y el riesgo, se encuentran los bancos y las empresas de telecomunicaciones.
En todo caso, la responsabilidad final es de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que mantienen las leyes y las burocracias que inhiben a las empresas pero solapan a los monopolios.
El caso paradigmático es Pemex: tiene el potencial para generar riqueza, pero ni siquiera puede salir de sus deudas. (El Universal)
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