Chiapas, considerado uno de los pulmones más importantes de México por su vasta riqueza natural que abarca desde la Selva Lacandona hasta las montañas de Los Altos, enfrenta una de sus crisis ambientales más graves: la tala ilegal. Este delito, que ha operado durante décadas al amparo de la corrupción y la falta de regulación, provoca erosión de suelos, pérdida de fuentes de agua, desaparición de fauna y un profundo impacto en las comunidades indígenas y campesinas.
De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), el estado pierde anualmente alrededor del 2.4 % de sus bosques, lo que representa miles de hectáreas deforestadas cada año.
Especies
Especies como el cedro, la caoba, el pino, el roble y el tzalam encabezan la lista de las más saqueadas, siendo las maderas preciosas las más codiciadas en los mercados ilegales.
El negocio clandestino funciona con una cadena bien estructurada: grupos dedicados a la tala sin permisos, aserraderos clandestinos que procesan la madera y transportistas que intentan moverla con documentación falsa o sin papeles.
En mayo de 2025, el operativo más grande de los últimos años en Altamirano permitió el aseguramiento de 12 aserraderos clandestinos y la clausura de 14 centros de almacenamiento, con la participación de fuerzas estatales y federales.
Decomisos recientes
Otros decomisos recientes se han registrado en Ocosingo, Las Margaritas y Tuxtla Gutiérrez, donde se incautaron cargamentos de cedro y huanacaxtle.
Pese a que el artículo 419 del Código Penal Federal establece penas de hasta seis años de prisión y multas de hasta 20 mil días de salario mínimo por este delito, especialistas advierten que las sanciones resultan insuficientes si no se acompañan de una estrategia integral.
Sin embargo, el impacto no se limita al medio ambiente.
La deforestación afecta directamente la captación de agua y la estabilidad climática en un estado donde gran parte de la población depende de la agricultura de subsistencia.
Además, el tráfico de madera se ha vinculado con redes delictivas que operan también en el tráfico de drogas, armas y personas, convirtiendo a este ecocidio en un problema de seguridad pública.
Ante esto, expertos advirtieron que se trata de una amenaza que no solo compromete el futuro ecológico de Chiapas sino también la vida de las comunidades que dependen del bosque para sobrevivir.
