La tregua navidena en el proceso electoral hacia 2006 ha permitido centrar la atención en aspectos como el excesivo costo de las campanas, cubierto por el tesoro público, su falta de correspondencia con los resultados de cada partido y candidato e inclusive su nulo efecto para abatir el alto abstencionismo, que en el ano 2003 rebasó 58%. Esto ha motivado una mayor disposición de los involucrados para tratar de persuadir a los medios de comunicación, en particular a los electrónicos -concentrados en pocas manos-, con la finalidad de establecer tarifas preferenciales en igualdad de circunstancias para los partidos políticos y sus candidatos.
Son las cadenas de radio y televisión las que perciben más de la mitad del presupuesto de propaganda, estimado para el ano próximo en 3 mil 500 millones de pesos, para radio y televisión, de acuerdo con cifras de los propios partidos; casi mil 250 millones más que la elección presidencial de 2000, cuando el gasto sumó 2 mil 226 millones de pesos.
Los medios electrónicos se benefician con la explotación de las ondas electromagnéticas, que pertenecen a la nación, y debieran obligarse a contribuir al fortalecimiento del ejercicio democrático de la sociedad, que les permite realizar tan redituable negocio.
No se discute la fuerza de la repetición de una imagen o un mensaje por los medios electrónicos, aunque la inversión no repercuta en el resultado. Hace cinco anos, el PRI gastó en medios 901.4 millones de pesos y perdió. La Alianza para el Cambio (PAN-PVEM) destinó 673.7 millones y ganó con Vicente Fox. Hay adicionalmente hechos que valorar. Los Amigos de Fox destinaron una suma entonces desconocida para el Instituto Federal Electoral, y el PRI hizo lo mismo con fondos del sindicato petrolero, obtenidos de Pemex mediante préstamo.
Por otra parte, el PRI con 160 millones de pesos en 2003 obtuvo 222 diputaciones. El PAN pagó más por 148 diputados: 210.9 millones; y el PRD pagó por sus 97 diputados 216.8 millones de pesos.
No se han emprendido estudios confiables, y esto correspondería al IFE y a los partidos, sobre los efectos reales de recurrir mayormente a los medios electrónicos. La propaganda puede ser la más cara, los resultados son otros. Está de por medio la sutil diferencia que informativamente cada medio puede hacer en el tratamiento de cada candidato, beneficiando a unos en demérito de otros. Por supuesto, hay cuestiones más sólidas en el fondo, como la proyección personal, la plataforma de gobierno, la capacidad de exponer las propuestas, la ideología o los intereses del partido y la vulnerabilidad a los golpes de toda índole.
Por lo que en rigor toca a los medios electrónicos que rompen la pinata de las prerrogativas del IFE, los partidos pretenden un descuento de 30% en las tarifas, es decir, poco más de mil millones de los 3 mil 500 en cartera. Independientemente del monto del descuento, sería ya un avance notable que los medios negociaran con los partidos, con la intervención del IFE, y que se plantearan condiciones similares para todos los contendientes, sin demérito del monitoreo del resto de las emisiones sin paga (noticiarios, foros, entrevistas) que también deben darse en términos de equidad, transparencia y responsabilidad.
No es ocioso repetir que los medios electrónicos distan de ser una empresa meramente mercantil, que lo son en forma legítima, sino que tienen una eminente función social que desempenar y una trascenden-te responsabilidad política y ética. Los efectos de sus emisiones tienen que ser calculados con cuidado, pensando siempre en los destinatarios como sujetos con prerrogativas inalienables: derecho a la información veraz y oportuna, siempre con la mayor dignidad y respeto que se merece toda persona por el solo hecho de serlo.
Esperamos que las negociaciones fructifiquen en un acuerdo ejem-plar para todos y útil para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático que, una vez más, está ante una dura prueba. (El Universal).
