En ventanilla, al realizar algún trámite bancario, en la entrada de los supermercados y hasta en las transitadas calles de las ciudades, los ciudadanos son atajados por grupos de jóvenes que ofertan tarjetas de crédito a diestra y siniestra. Por si lo anterior fuera poco, usuarios de servicios bancarios que han tenido que cancelar más de una vez estos plásticos que son enviados a domicilio sin haberlos solicitado, pasado un tiempo reciben un estado de cuenta de esa misma tarjeta que han rechazado una y otra vez.
La sola existencia de esa cuenta -que por falta de tiempo no fue rechazada de nuevo formalmente a través de un número lada 800-, al paso del tiempo causa un débito de 500 o 600 pesos por anualidad, que el destinatario no estará dispuesto a pagar porque corresponde a una deuda que no contrajo. Al paso del tiempo y al ver los ejecutivos de la institución bancaria que no pueden obtener esa cantidad, amenazan con inscribir al forzado deudor en el Buró de Crédito.
El ciudadano común y corriente que ya ha tenido experiencia con la tarjeta y que es conciente de las razones de no aceptarla, se pregunta cómo es posible que estas instituciones bancarias actúen de tal manera, pues no sólo se trata de que les fue impuesto un servicio que no desean, sino de que al hacerlo manchan el historial crediticio que el usuario de estos servicios financieros necesitaba mantener limpio para su exhibición en algún momento.
El sólo hecho de acudir a la Comisión para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros implica una pérdida de tiempo, aparte del lapso que tarde en desahogarse el caso sin que haya garantía alguna de que el afectado quede en la misma situación en que se hallaba antes de ser virtualmente asaltado.
No resultaría raro que una gran parte de quienes se encuentran enlistados en el Buró de Credito arrastren supuestos adeudos menores a mil pesos, muchos de los cuales aparte del concepto ya mencionado corresponden al pago de honorarios de despachos de cobranza que se hallan en estados del país diferentes, de donde supuestamente se habría originado el pretendido adeudo.
Es así como el ciudadano común se ve afectado sin que haya instancia alguna que le garantice protección ante este tipo de verdaderas agresiones alentadas por las instituciones bancarias que desean agrandar su cartera de clientes a como dé lugar, sin considerar que comportamientos como éste han acarreado problemas de liquidez en el pasado, difíciles de solucionar.
