"La indignante amenaza suele provenir de alguno de los 454 reclusorios que hay en el país. Como la marcación de los delincuentes es aleatoria, cualquier ciudadano puede ser víctima de quienes se encuentran ""readaptándose"" a costa del erario federal.
Este chantaje ocurre todos los días, frente a las autoridades penitenciarias, que solapan que los reos tengan teléfonos celulares a su disposición y, peor todavía, sin posibilidad de bloquearlos, pese a contar con la tecnología para hacerlo, aduciendo ""problemas de operatividad y quejas de los vecinos"".
El ejemplo de la delincuencia telefónica, sin embargo, es apenas una de las caras más cínicas del deterioro de nuestro sistema penitenciario. Muestra la descomposición de un esquema carcelario aceitado por la corrupción y donde la rehabilitación de los presos es apenas un buen deseo con fuerte carga de humor involuntario.
Hasta junio de este ano había 212 mil 774 internos en todo México. Las propias autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública federal reconocen que este número representa una sobrepoblación de 35 por ciento, pues se tiene encerrados a 53 mil 843 reos más de los que el sistema puede albergar.
Muchos de estos presos no han recibido sentencias -consecuencia del enorme rezago judicial- y otros más están recluidos por delitos menores. Al erario le cuesta 221 millones de pesos al ano mantener sólo a los reos federales en prisiones locales (24 por ciento del total). Poner orden requiere, antes que nada, de la suficiente voluntad política; no nada más disposición discursiva, sino estar consciente que atentar contra los intereses del crimen organizado dentro de los penales equivale a declararles la guerra.
Urge disenar una reforma del sistema penal mexicano, elaborada por especialistas del tema, que hayan hecho estudios comparativos con otras experiencias en el mundo, y puedan hacer un traje a la medida de México, tomando en cuenta nuestras particularidades. La ciencia penal ha avanzado a pasos agigantados en todo el orbe y ha alcanzado niveles de alta sofisticación, mientras que aquí todavía los Centros de Readaptación Social siguen siendo tierra sin ley, gracias a la impunidad y a la corrupción.
Asimismo, como el problema baja en cascada, hay que revisar la forma de trabajo de los órganos encargados de impartir justicia, porque el rezago en las sentencias, al mismo tiempo que es una flagrante violación a los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad ""cautelarmente"" durante varios anos, fomenta la sobrepoblación penitenciaria de manera innecesaria.
De entre todos los grandes problemas que habrá de enfrentar el nuevo gobierno que tomará posesión el próximo 1 de diciembre, es probable que la reforma al sistema penitenciario no suene como prioritaria. Sin embargo, por lejana que parezca, es una herramienta nada menor en el desmantelamiento de la impunidad delincuencial y por ende a favor de la seguridad pública, que es, junto con la política y la economía, de las tres principales demandas ciudadanas.
Hay quienes tienen secuestrado al sistema penitenciario mexicano y lo usan para fastidiar todos los días a gente inocente, que no merece pagar con su tranquilidad y su dinero por la corrupción que hay en los penales. (El Universal).
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