Familias de Campo Grande 2, comunidad de San Cristóbal de Las Casas, que actualmente no tienen acceso al agua y a servicios públicos a causa de un conflicto territorial con la comunidad San Antonio de los Baños, siguen sin tener una solución oportuna por parte de las autoridades municipales y estatales.
Antecedentes
El conflicto, señalan, está relacionado con seis familias de Campo Grande 2, quienes en un principio solicitaron una carta de separación formal para poder ejercer el derecho de vender sus terrenos a personas no indígenas.
Sin embargo, la asamblea comunitaria de San Antonio de Los Baños se opuso a la pretensión, argumentando su rechazo al ingreso de ajenos a su territorio, por lo que, a manera de presión y castigo comunitario, se acordó condicionar el acceso a la infraestructura básica a los integrantes de Campo Grande 2.
Hechos violentos
Esta situación escaló en hechos de violencia durante marzo de este año, cuando un grupo de personas encapuchadas irrumpió violentamente en el límite que divide ambos territorios, hiriendo a hombres y mujeres de las seis familias e incendiando un vehículo.
Pese a las víctimas denunciaron formalmente la agresión, responsabilizando a los pobladores de San Antonio de Los Baños, quienes niegan los hechos, señalan que la denuncia presentada ante la Fiscalía de Justicia Indígena permanece archivada y sin avance.
Tras estos sucesos, los agentes rurales municipales de ambas localidades rompieron de manera tajante cualquier canal de comunicación.
Omisión
A la par de este conflicto territorial, habitantes de San Antonio de los Baños han optado por el control del recurso hídrico, vulnerando el derecho de Campo Grande 2. Sin embargo, a pesar de esto, señalan que han encontrado poca respuesta de las autoridades.
El municipio de San Cristóbal les informó que carece de facultades coercitivas para obligar a los representantes a comparecer, dando por agotada la vía administrativa y sugiriendo a los afectados acudir a la vía legal.
Del mismo modo, la Subsecretaría de Gobierno exhortó a las partes a conducirse por vías legales, “sin ofrecer ninguna solución o alternativa concreta a la falta de agua”. Mientras que la Fiscalía argumentó que la privación del agua y las disputas por el terreno son “controversias comunitarias entre particulares” que deben ser resueltas por el municipio.
