La decisión del Senado de prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual representa un importante avance para los derechos de la población lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT), pero es necesario que el Congreso de Chiapas homologue las reformas y regule los centros denominados anexos, donde disfrazan estos procesos con terapias de adicciones.
Lo anterior lo manifestó la activista trans, Maricarmen Pereyra Vázquez, respecto a la reforma al Código Penal Federal y la Ley General de Salud, que sanciona los denominados Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).
Algunos senadores coincidieron en que existen argumentos legales y científicos que demuestran que las terapias de conversión vulneran los derechos humanos de las personas por su orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género en que se encuentran.
La activista reiteró que para que tenga más efecto a nivel local, el Congreso debe homologarla para poder emitir un reglamento que incluya una regulación de los centros de tratamiento de adicciones.
Indicó que han documentado casos de personas que son obligadas a tomar medicamentos hormonales, psicólogos sin moral ni ética que se atreven a tratar a personas LGBTI, arrojándolas a una depresión que en muchos casos conduce al suicidio.
Han registrado casos en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Motozintla, Huixtla, Arriaga, Tonalá y otros municipios. “Se tiene registro de centros de tratamiento sin ninguna reglamentación gubernamental, donde se llevan a cabo atrocidades”.
Narró que en 2010 una joven lesbiana en Comitán fue víctima de un “exorcismo” por un sacerdote en su propia casa, víctima de la ignorancia y fanatismo religioso de sus padres. Antes de que la enviaran a un anexo tuvo que huir de su casa con tan solo 17 años de edad.
Según la reforma, en caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.
Las sanciones también aumentarán al doble cuando la persona autora tuviere con la víctima relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación. Bastará la denuncia para iniciar la investigación de los hechos.
