El fiscal general, Jorge Llaven Abarca, sostuvo una reu-nión de trabajo con mujeres del sector productivo y social, en la cual reiteró su serio compromiso para prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres, destacando que hoy en Chiapas hay una Fiscalía General del Estado (FGE) que garantiza el acceso a la justicia con perspectiva de género.
El responsable de la procuración de justicia en Chiapas escuchó y atendió personalmente cada una de las inquietudes y demandas de las representantes del Frente Estatal de Mujeres Indígenas Empoderadas de Chiapas (Femiech) y de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo Tuxtla Gutiérrez, resaltando que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas impulsa políticas públicas focalizadas en atender los problemas que enfrentan y proteger sus derechos para una vida libre de violencia.
“Hoy tenemos un Gobierno y una Fiscalía del Estado de puertas abiertas comprometidos en garantizar el acceso a la justicia a las mujeres de manera inmediata. En Chiapas le decimos ya basta a la violencia en contra de mujeres, niños y niñas; erradicar este flagelo es tarea de hombres y mujeres, quien no entienda el mensaje va a enfrentar la justicia sin distinciones”, declaró Llaven Abarca.
En ese sentido, puntualizó que se combate de manera frontal la violencia familiar y la violencia política: “En un trabajo coordinado con todas las autoridades estamos realizando acciones que fortalezcan la igualdad y la paridad de género y tenemos la responsabilidad de hacer valer sus derechos con una política de cero tolerancia y cero impunidad”.
A este importante evento asistieron las presidentas del Femiech, María Leticia Pérez Sánchez y Cecilia López Sánchez (honorífica); Levi Mirosalva Martínez Cruz, presidenta de Amexme Capítulo Tuxtla Gutiérrez; así como Flor del Rocío García Cadenas, directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Chiapas (Cejum); Xóchitl Villatoro Solórzano, fiscal de la Mujer; Jesús Ernesto Molina Ramos, fiscal de Derechos Humanos; Gregorio Pérez Gómez, fiscal de Justicia Indígena; Armando Pérez Narváez, fiscal del Distrito Metropolitano; y Alberto López Rojas, fiscal jurídico.
