Además de los salones de clases que dañó el terremoto de 2017 en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el movimiento telúrico también derrumbó el número de matrículas que se tenían previsto alcanzar en el periodo de 2012 al 2018, puntualizó José Manuel Rosado Pérez, director general de la institución de educación superior.
La proyección de crecimiento en esos años, mencionó, era de seis mil estudiantes hasta el año pasado; sin embargo, el número de alumnos inscritos apenas es de cuatro mil 600, números que aumentarán una vez que se hagan las reparaciones necesarias.
En su momento, dijo, el costo de los daños ascendió a 200 millones de pesos con la demolición de tres edificios, pero en la actualidad son seis inmuebles los que no se ocupan, debido a que están en una etapa de segunda y hasta tercera revisión.
Los inmuebles “U” y “E” (que son ocupados como aulas) ubicados en Tuxtla Gutiérrez, la parte administrativa y dos espacios más de laboratorios fueron los dañados por el terremoto.
Los trabajos de reparación comenzarán con los recursos internos y esperarán a que llegue el momento en el que sean incorporados a los programas federales de apoyos para la reconstrucción, pero será hasta el 2020.
Aunque hace cuatro meses que llegó al cargo y que de forma directa no gestionó recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), explicó que las afectaciones rebasaron a las autoridades y los apoyos no fueron suficientes.
Sobre las problemáticas que enfrentan las universidades públicas con el tema financiero, comentó que el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez tienen finanzas sanas.
El organismo central se encuentra en la Ciudad de México y, con la entrega de salarios, nóminas y prestaciones laborales no han tenido ningún problema. En este 2019 tuvieron un recurso superior a los 28 millones de pesos.
El director general explicó que esperarán al mes de noviembre para la preparación del presupuesto anual para el 2020, donde esperan que el dinero para el Tecnológico sea mayor.
El gasto de operación proviene de las cuotas de recuperación que se les cobra a los estudiantes y otro recurso de ingreso; lo que manda el organismo central también se ocupa para trabajos de investigación.
