El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un proyecto de reforma migratoria insuficiente, el cual amplía el número de visas a trabajadores invitados y un posible camino a la legalización para millones de indocumentados, de acuerdo con el tiempo que hayan pasado en aquel país y el cumplimiento de ciertos requisitos, como el pago de impuestos y una multa.
Ciertamente, el texto aprobado ayer es un avance respecto del que aprobara en diciembre pasado la Cámara de Representantes -que endurece la vigilancia fronteriza, permite construir un muro en la frontera con México y sanciona a quienes contraten indocumentados-, pero no es tan abierto como el propuesto en días pasado por la senadora Dianne Feinstein, que proponía la legalización de todo aquel trabajador migratorio en suelo estadounidense. Si bien todavía falta la homologación de esta propuesta de reforma, entre lo que aprobaron respectivamente el Senado y la Cámara de Representantes es un hecho que lo votado ayer decepciona, pues no toma en cuenta una realidad mucho más abrumadora, que se sucede todos los días en los campos y las fábricas de muchas ciudades de Estados Unidos.
Las marchas de migrantes a principios de este mes, por calles de EU, demostraron el número y la importancia de esta comunidad en la vida económica de ese país, por lo que se esperaban avances mucho más de fondo que dieran certeza a todos los trabajadores mexicanos de que no sufrirán explotación, persecución, abusos laborales, de autoridad o en sus derechos humanos, en su intento por trabajar y, de paso, hacer progresar a la industria y el campo del vecino país. El Senado no tomó una posición de gran dureza respecto de la frontera con México, como sí ocurrió en la Cámara Baja; aun así, ha marcado en algunos de los apartados de su propuesta de ley, la construcción de muros en algunos puntos de la franja, para evitar el paso de nuevos migrantes. Si bien los legisladores estadounidenses están en todo su derecho de proteger su territorio, sus leyes migratorias y sus fuentes de empleo, es lamentable que no tomaran en cuenta una realidad global, que no puede evaluarse sólo por lo que ellos consideren benéfico para su país, sino que se requiere que tomen en cuenta la posición del gobierno mexicano, la de organizaciones mundiales de derechos humanos y de los migrantes, e incluso de los propios empleadores de mano de obra. Que ignoren este universo de sectores puede resultarles contraproducente, dado que se estaría legislando en episodios un fenómeno social en ebullición, que requiere definiciones mucho más enfáticas y determinantes en este momento.
Hay que esperar, ahora, que en los próximos trabajos de homologación legislativa entre senadores y representantes, la reforma de ley descarte los aspectos ominosos que tiene el documento de la Cámara Baja y no se apruebe una normatividad regresiva que nos devuelva a nuestro punto de origen, con cacería de migrantes, grupos paramilitares de derecha patrullando la frontera, y millones de compatriotas viviendo en la incertidumbre y el terror. (El Universal)
