Celiberia y su hermana Himenia eran maduras senoritas solteras. Un día Celiberia dijo Hoy el pleno de la Cámara de Diputados resolverá si procede o no el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, acusado por la Procuraduría General de la República de desacatar la orden de un juez para detener los trabajos de construcción de un camino en el predio denominado El Encino, al oriente de la capital del país.
A pesar de que el origen del problema es eminentemente jurídico, el caso ha estado contaminado por intereses políticos, que en mucho han profundizado las ya de por sí hondas diferencias entre los gobiernos federal y capitalino. Aunque sería lo ideal, no es posible dejar en el terreno legal un asunto que tiene consecuencias políticas para la administración del Distrito Federal y aun para la contienda electoral del próximo ano, por ser López Obrador uno de los precandidatos mejor ubicados en las mediciones preelectorales para el 2006.
Por su importancia para la vida política de la nación es indispensable que los actores involucrados en el caso usen la razón; que pongan a disposición del país toda su inteligencia y su buena voluntad. Todos son doblemente responsables en sus decisiones de aquí en adelante. No hay espacio para las irresponsabilidades legales ni para los excesos. En ese sentido, los diputados tienen en sus manos una decisión importante para la nación mexicana, por lo que deben meditar bien el sentido de su voto y actuar conforme a su criterio en bien del país.
México no puede darse el lujo de una pérdida de equilibrio por decisiones erráticas de legisladores de circunstancia. Todos hoy, ahí, deben ser hombres de Estado.
Por su parte, los partidarios del jefe de Gobierno capitalino han llamado a movilizaciones como forma de protesta por el procedimiento legislativo y además plantean acciones de resistencia civil en caso de que López Obrador sea desaforado y deba enfrentar los cargos de que se le acusa frente a un juez, quien deberá sentenciar la culpabilidad, o no, del funcionario en el caso de El Encino.
Aun cuando se senala que serían protestas pacíficas, lo mejor sería que los convocantes se aseguraran de que tanto en el interior como en el exterior de sus filas no existan grupos radicalizados que puedan llevar sus expresiones más allá de lo razonable y pacífico o, peor aún, que sus movilizaciones pudieran ser aprovechadas por provocadores para danar seriamente el ambiente político y amenazar la tranquilidad del país. A nadie se le puede coartar su derecho a expresarse de manera libre y sin cortapisas, sólo hay que cuidar que todo sea en el ámbito del estado de derecho. En ese sentido, el gobierno federal también ha de ser respetuoso de la legalidad, tanto por lo que suceda a nivel de procuración de justicia en el caso de El Encino, como también en la forma en que deberá garantizar la seguridad pública.
Urgen la armonía y los consensos. No debe haber más disputas estériles que sólo paralizan al país en lo político, en lo económico y, en consecuencia, en lo social. Es lamentable que en los anos recientes la política haya devenido en escándalos y desaveniencias. Debemos incursionar, ya, en el ámbito de la discusión razonada de ideas.
La ciudadanía está harta de luchas mediáticas y protagonismos desmedidos. México tiene frente a sí un momento importante para su futuro. La responsabilidad de cada uno de quienes intervienen en este gran debate legislativo será cobrada por los futuros mexicanos. Eso es de una trascendencia que no puede dejarse de lado. (El Universal).
