La reforma del Estado que se debate en el Congreso de la Unión tiene como complemento indispensable una necesaria reforma electoral, particularmente cuando han sido muy notorias las debilidades e insuficiencias de la ley en la materia. Los consejeros del IFE no deben ser parte del problema sino de su solución, han de anteponer desde ya el bienestar institucional por sobre cualquier interés personal.
Es necesario trascender lo que detiene el proceso de enmienda al marco electoral y aligerar el paso, para que las nuevas normas puedan ser aplicables en las elecciones federales de 2009 y 2012.
Llegar a esos comicios con el instrumental jurídico electoral que ya sabemos se debe calibrar nos puede conducir nuevamente a los sinsabores conocidos en el episodio electoral de 2006, felizmente concluido en paz, pero no sin saldos negativos para la convivencia nacional.
El planteamiento de la reforma electoral ha avanzado en subsanar debilidades ofreciendo el acortamiento de la duración de las campanas y de los recursos -que deben ser mejor fiscalizados-, el cese de la publicidad gubernamental en época de campanas, el uso de tiempos oficiales en radio y televisión, que ahora absorben el grueso del dinero, y la exclusión de los particulares en la compra de propaganda política.
Son temas importantes, pero quedan todavía muchos otros asuntos que apuntan a retrocesos, como impedir cualquier candidatura independiente o la reelección inmediata de los legisladores, al igual que la pertinencia actual de los plurinominales, con lo que se moderaría el tamano de los cuerpos legislativos en bien de su eficiencia y del gasto público.
Con todo, el obstáculo mayor de la discusión ha sido la perspectiva de que los actuales consejeros del Instituto Federal Electoral sean conducidos hacia la salida, de súbito o por medio de un sistema escalonado.
La pérdida de credibilidad y de confianza que afecta al aparato electoral es una poderosa razón para reforzar la idea del recambio total. Pero, además, es indudable que la sustitución ayudará a que la continuidad de las tareas encomendadas al IFE no sufran turbulencias. Hay mucho trabajo por hacer y no podemos continuar detenidos.
La traba tiene que superarse limpia y contundentemente; los propios consejeros tienen que saberlo, es más, tienen que desearlo en aras de su respeto a la institución para la cual han trabajado.
Su salida no prueba nada respecto de 2006, una elección ya calificada, pero su permanencia en las condiciones actuales sí dificulta subsanar los eslabones débiles que han de corregirse antes de organizar las próximas elecciones.
Lo que está en juego no es la capacidad profesional de los individuos ni la autonomía de un órgano -ésa hay que asegurarla en todos los casos-. No, lo que está en juego es la eficacia del árbitro, el derecho de todos los ciudadanos a tener confianza en un órgano que es vital para el desarrollo del sistema democrático en México.
Credibilidad, capacidad de interlocución con todos los actores y confianza son herramientas indispensables para la función de los consejeros del IFE; si los actuales no las tienen, no pueden realizar su función. (El Universal).
