Desde que México incursionó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1994, ha venido reforzando una serie de legislaciones para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las diversas estrategias conformó la Unidad de Inteligencia Financiera en el 2004.
Uno de sus compromisos fue que el país pudiera establecer un esquema de prevención de lavado de dinero adecuado en torno a las principales actividades en la economía nacional, las cuales se plasman en la Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El contador público, Néstor Gabriel López López, explicó que sobre cada recurso económico, generado por cualquier persona o empresa, las autoridades consideran diversas consignas sobre el cómo se generó o se recibió, cómo se resguarda y cómo se trasladan o se usa.
Recientemente, el especialista fue certificado con los conocimientos suficientes en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se trata de saber identificar las consignas mencionadas sobre los recursos económicos.
Para este 2022 se hará una reforma a la ley con la intención de fortalecer las capacitaciones para todas las personas involucradas en las actividades vulnerables, estableciendo la certificación como obligatoria, ya que hoy es optativa, lo que hace que sólo un mínimo porcentaje se involucre en el proceso.
En la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita, dirigida a personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley federal en materia, realizada el año pasado, sólo había cupo para el 5 % del universo.
Como referencia, el contador explicó que de un universo hipotético de 100 mil, participaron cinco mil, de los cuales sólo mil 105 presentaron el examen, aprobándolo 372. El objetivo de la evaluación era mostrar un régimen de prevención más avanzando, pero sólo “el 0.3 % de los sujetos obligados obtuvo una certificación en México, 12 por estado”.
Ayudar a prevenir
Néstor López explicó que la certificación ayuda para que, dentro de las políticas de gestión de riesgos en materia de identificación de las operaciones, la autoridad sepa que el sujeto obligado está apegado a los estándares normativos. Garantiza que la persona conozca lo mínimo en prevención de lavado de dinero.
Refiere a lo mínimo porque este es un delito que cambia constantemente. La legislación contempla alrededor de 15 conductas para lavado de dinero, con muchas variables. Lo que busca la certificación es que tengan métodos legales para poder ayudar a las personas que se crean vulnerables.
Enfatizó que prácticamente todas las personas mayores de edad, con una cuenta bancaria, son vulnerables a verse involucradas en lavado de dinero, incluso jóvenes que sólo son estudiantes. Una forma es que un amigo o conocido les pide “prestada” su cuenta para recibir un depósito por varios miles de pesos, sin conocer el origen del recurso.
Al recibir el dinero e internar retirarlo, el banco congela la cuenta debido a que el movimiento fue ubicado como actividad sospechosa. Posiblemente el origen fue localizado en una ciudad fronteriza, lo que está catalogado como conducta de riesgo para el sistema financiero.
Lo más vulnerables
Los más vulnerables son aquellas personas que en su día a día necesitan subsistir respecto de sus ventas o servicios, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. “Esto porque en algunos casos priorizan sus ventas sin tomar en cuenta el origen del dinero que reciben, pensando que no los perjudicará”.
Aunque la persona que recibe el dinero desconozca su origen, no lo exime de una sanción por parte de la autoridad. Si la autoridad identifica una conducta sospechosa, debe investigar todas las partes. “Todos somos vulnerables porque a todos nos afecta la economía”.
