Acompañadas por decenas de integrantes de grupos civiles y por dos sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal, las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez tomaron simbólicamente durante una hora la guarnición militar ubicada en esta ciudad para exigir que se haga justicia por la violación que hace 25 años fueron víctimas por presuntos integrantes del Ejército Mexicano en el municipio de Altamirano.
Al grito de “justicia” y “por la vida y por la paz, militares nunca más”, los manifestantes se apostaron a las nueve horas frente al edificio castrense -ubicado en el sur de la ciudad-, cuyas puertas permanecieron cerradas y sus ocupantes encerrados, y colocaron una mata y cartulinas para exigir el fin de la impunidad en el caso.
La abogada, Gloria Guadalupe Flores Ruiz, integrante del Comité Hermanas González Pérez, dijo que las tres indígenas y su madre Delia Pérez de González, fueron detenidas en un retén del Ejército Mexicano en Altamirano el 4 de junio de 1994 en el contexto de la guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y “las tres hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas por los militares que obligaron a la madre a presenciar las agresiones”.
Añadió que el 4 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que “el Estado mexicano violó” diversas garantías de las tzeltales y le recomendó “investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad y sanción de todos los autores de las violaciones humanas” en agravio de las cuatro mujeres.
“A la fecha han transcurrido 25 años de impunidad y olvido; cinco administraciones de gobierno han conocido de la obligación que el Estado Mexicano tiene para con el sistema de Interamericano de Derechos Humanos en el presente caso”, aseveró.
Manifestó que las víctimas exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cumpla la recomendación de la CIDH: “Investigación y castigo a los militares responsables de la violación y tortura; realizar un reconocimiento público de responsabilidad en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas y con la presencia de mandos militares, y, reparación integral por el daño causado, de acuerdo con la cosmovisión de las hermanas Pérez González”.
Explicó que el pasado 7 de mayo se celebró una mesa de trabajo en Jamaica y el gobierno mexicano se comprometió a cumplir, “ahora sí, en forma exhaustiva con la recomendación de la CIDH”.
Flores Ruiz expresó que la recomendación no se ha cumplido porque “el Estado Mexicano se niega a reconocer que los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos de las hermanas González Pérez fueron los militares. Este ha sido el punto que ha atorado el caso en las anteriores administraciones, pues no han querido salir a decir que el Ejército fue el responsable de esta violencia generada en el contexto de la guerra de baja intensidad en 1994, pero esperamos que este gobierno de la cuarta transformación dé una muestra de que el mando civil está por encima del militar”.
El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, responsable de la pastoral social de las tres diócesis de Chiapas, pidió “al máximo comandante del Ejército Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República para que se haga justicia en el caso de las hermanas González Pérez y su madre.
