Después de que fueron despedidos en noviembre del año pasado por participar en una asamblea permanente del sindicato, un grupo de trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria núm. 3 (de la Secretaría de Salud) solicitó la reinstalación a sus antiguos puestos.
En septiembre de 2022 se unieron a un paro para solicitar la liberación de tres compañeros que fueron retenidos en la cárcel comunitaria de la comunidad Amparo Agua Tinta, municipio de Las Margaritas, donde los encerraron por dos semanas y los obligaron a hacer trabajos pesados.
Por la protesta, cerca de 250 trabajadores fueron cesados, de los cuales solo el 40 por ciento pudo retornar a sus puestos.
La situación comenzó dos días después de haberse adherido a la lucha, pues no les permitieron justificar sus faltas, “aunque eso está establecido en la Ley Federal del Trabajo”, recordaron los denunciantes.
Aunado a esto, sus sueldos siguen “cayendo” pero ellos no los pueden cobrar, “también nos deben parte del aguinaldo, de sueldos caídos, pero nada; no habíamos tenido problemas de esta magnitud, incluso antes se hacía un buen trabajo, pero ahora se ha complicado, pues quien está al frente de la Jurisdicción núm. 3, Carlos Aragón, no conoce la región, ni a la gente, y ni llega a trabajar”, expuso Mauricio Jiménez, uno de los afectados.
Erica Lourdes González López, trabajadora del Área de Salud Mental en el hospital de Frontera Comalapa, expuso que es lamentable que intenten coartar la libertad de expresión, y lo peor de todo, que los cesaran sin una justificación.
Mauricio Jiménez mencionó que les prometieron que en este 2023 serían recontratados, pero no les han cumplido.
Coincidieron en que las autoridades de Salud no se preocuparon por la integridad de los trabajadores retenidos en Amparo Agua Tinta, “cuya libertad se logró porque sus familias dieron como 20 mil pesos por cada uno”.
