Alejandra Gómez Mendoza, diputada local por Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), alertó sobre la situación crítica que enfrentan alrededor del 70 % de las escuelas públicas en Chiapas, las cuales carecen de certeza jurídica sobre los terrenos que ocupan, lo que limita su acceso a recursos federales y estatales para mejorar su infraestructura.
En entrevista, la legisladora integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública explicó que desde que asumió el cargo hace nueve meses, directivos de primarias, secundarias y bachilleratos han acudido a solicitar el apoyo para regularizar sus predios.
“La situación que nos hemos encontrado es que la mayoría son terrenos donados por particulares, ejidos o municipios, pero sin documentos que acrediten a las escuelas como propietarias. Eso impide que reciban recursos del Inifed (federal) o del Instituto de Educación estatal”, detalló.
Pese a ello, Gómez Mendoza reconoció el avance en la actual administración del Estado: mientras en años anteriores solo se regularizaban seis escuelas anuales, en 2025 suman 70 predios con resolución.
Colaboración
En ese sentido, destacó la coordinación con el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, y su equipo jurídico; así como el Colegio de Ingenieros Topógrafos, quienes brindarán servicios sociales para elaborar planos en casos de irregularidades.
Sin embargo, advirtió que los trámites pueden prolongarse si involucran terrenos ejidales o falta de voluntad de autoridades municipales. “Cuando hay disposición, los procesos se agilizan. Haremos gestiones con alcaldes y notarios”, afirmó.
La diputada resaltó la labor de docentes y directivos que, pese a las limitaciones, gestionan mejoras a través de programas como La Escuela es Nuestra. No obstante, aclaró que estos fondos son para mantenimiento, no para construcción de aulas, y su monto es limitado.
Subrayó que la regularización de predios escolares se alinea a los ejes del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar: justicia, pacificación -con avances en la reducción de homicidios dolosos- y educación, mediante iniciativas como Chiapas Puede para alfabetización.
La legisladora urgió a sumar esfuerzos para garantizar derechos educativos: “Dar certeza legal a las escuelas es darles futuro. Seguiremos trabajando con sociedad civil y gobiernos para que más planteles accedan a infraestructura digna”.
