El jefe de la Unidad de Culturas Populares Urbanas e Indígenas de Chiapas de la Secretaría de Cultura, Roberto Lorenzo Ruedas, comentó que en Chiapas hay casi tres mil hablantes de la lengua zoque, sin embargo, solo hay ocho traductores intérpretes certificados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para las personas que están privadas de su libertad.
Mencionó que la falta de traductores en las fiscalías y el Poder Judicial, impide que los hablantes de lenguas indígenas tengan acceso a la justicia cuando enfrentan procesos penales, es decir, que corren el riesgo de ser sentenciados a pesar de no ser culpables del delito que se les llegue a imputar.
Señaló que el no entender nada sobre su expediente ni lo que informan las autoridades, condena a las personas indígenas a enfrentar procesos en condiciones de desigualdad y discriminación.
En ese contexto, es importante mencionar el caso de hombres indígenas recluidos en el Centro de Reinserción Social Número 5, en San Cristóbal de Las Casas, que en algunos casos aseguran que fueron sentenciados a más de 20 años de prisión por delitos que de acuerdo a su testimonio no cometieron, porque fueron obligados a aceptar los cargos y someterse a procesos judiciales arbitrarios.
Capacitación
Hizo un llamado al Poder Judicial y a las fiscalías a integrar más traductores y capacitarlos en materia de derechos humanos, para garantizar de manera más integral los derechos de los hablantes de lenguas indígenas.
Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, Diego Cadenas Gordillo, destacó la necesidad de contar con intérpretes que cumplan con la atención de los supuestos detenidos, toda vez que en la actualidad las fiscalías no cuentan con este personal, lo que en consecuencia dificulta la situación de los detenidos.
Manifestó que desafortunadamente ser joven o indígena en México convierte a las personas en sujetos vulnerables ante la tortura, lo que se demuestra con los casos documentados de víctimas de tratos crueles e inhumanos para obtener una confesión, aceptar una culpa o simplemente por castigo.
Por último, indicó que hace falta también crear un Instituto de la Defensoría Pública que se mantenga independiente al Poder Judicial, que además cuente con recursos y personal capacitado para atender los casos de estas personas desde su presentación al Ministerio Público, que por lo general es donde se cometen los abusos.
