La tramitología para el desarrollo de vivienda es una de las principales causas del déficit que existe actualmente en Chiapas en este ramo. Mientras que a nivel nacional esto se realiza en un año, en el estado transcurren de tres a cuatro años, generándole costos extras al inversionista.
El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Jorge Burguete Torrestiana, dijo que la oferta requiere de impulsos como la simplificación administrativa.
A nivel nacional, según el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), transcurre en promedio un año para que un constructor compre un terreno, lo desarrolle y venda su primera vivienda; en Chiapas el lapso es de dos años y medio, pero en la capital pueden pasar hasta cuatro.
Si el empresario requirió de un préstamo para desarrollar esa unidad habitacional, durante el tiempo que le lleva la tramitología tendrá que pagar los interés, inversión extra que lo llevará a la quiebra o incrementando el precio a las viviendas.
Con esto el perjudicado final será el comprador, más aún la población a la que iría destinada desde un principio; por lo que tendrá que subir de interés social, con un costo de hasta 400 mil pesos, a interés medio, con un valor mayor a los 500 mil pesos.
De esta forma forma deja fuera a la clase trabajadora y población en general que no puede costear una vivienda de ese precio.
En ese sentido, se estima que en el estado existen de 190 a 200 mil trabajadores derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), con opciones de crédito.
De estos más del 80 por ciento tienen acceso a vivienda de interés social y popular, con un costo promedio de 350 mil a 400 mil pesos, que se producen en bajos porcentajes. Ahí el importante déficit que existe, ya que actualmente se producen entre dos mil y cuatro mil viviendas al año.
Burguete Torrestiana, indicó que lo tardado de la tramitología para el desarrollo de viviendas, provoca que las reservas territoriales sean invadidas, como ha ocurrido en las últimas décadas sobre todo en la capital.
Además, de las pocas reservas que hay a altos costos, la topografía y la escasez de servicios de ciudades como Tuxtla Gutiérrez, sugiere precios todavía más altos, sumado a la tramitología antes mencionada.
No hay forma de hacer vivienda de interés social y popular con un valor menor a 500 mil pesos, si no se generan impulsores para disminuir los costos asociados.
Si bien los gobiernos federales y estatales no asignan obra a los desarrolladores de vivienda, debido a que operan con inversión privada, podrían gestionar acciones para fortalecer la industria.
