"El logro de una transparencia plena en el ejercicio del gasto público puede convertirse en uno de los más grandes avances del actual sexenio. Pero tal apertura a la supervisión ciudadana debe darse no sólo en el ámbito del Ejecutivo federal, sino en todos los poderes de la Unión y en todos los órdenes de gobierno.
La entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, que dio lugar a la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), permitió una apertura, aún imperfecta, en las dependencias del Ejecutivo federal.
Lamentablemente, para los otros poderes cumplir este proceso ha quedado en gran medida sujeto al criterio discrecional de quienes los conducen, y ello resulta insatisfactorio para la opinión pública.
Lo anterior viene al caso ante la información difundida ayer de que una parte sustancial del presupuesto propio de la Cámara de Diputados no se ejerce con plena transparencia.
De un total presupuestado para 2005 de 3 mil 915 millones 407 mil 600 pesos, se tiene que más de 26% no muestra como destino gasto operativo. Por otro lado, además de las dietas de los legisladores, existe una partida de 386 millones de pesos que pueden ser gastados a conveniencia de los diputados. Aunque desde luego el monto del presupuesto de la Cámara no es desproporcionado en comparación con las dependencias del Poder Ejecutivo, es indispensable que tales recursos, que a fin de cuentas se auto asignan los legisladores, se manejen con mayor transparencia.
Esto lo demanda el principio juarista de la austeridad republicana, y dadas las tareas de fiscalización del gasto que tiene que llevar a cabo esta Cámara es indispensable que en su seno se predique con el ejemplo.
El propio Poder Legislativo debe tomar medidas para que se habilite al IFAI para dar seguimiento y lograr dar respuesta a las solicitudes de información que planteen los ciudadanos a los legisladores y que al parecer no se están atendiendo con la diligencia debida.
En entrevista con El Universal, María Marván, comisionada presidenta del IFAI, senaló que la Cámara de Diputados debe formular una serie de reglas claras para informar a los ciudadanos cuánto gasta y en qué aplica sus recursos.
Agregó que los legisladores deben establecer un sistema contable de ""clasificadores de gasto"" que los obligue a destinar sus recursos sólo para lo que fueron solicitados. Ello implica asumir la obligación de rendir cuentas detalladas a sus órganos de control interno y al público.
Es importante senalar que nadie está acusando a la Cámara de Diputados de irregularidad alguna; sin embargo, se han detectado lagunas en su capacidad de rendir cuentas que deben ser remediadas.
Ello es importante para que la Cámara goce no sólo del poder que le da la Constitución para asegurar que el dinero del pueblo se gaste con eficacia y honradez, sino que cuente además con una autoridad moral indiscutible para ir hasta las últimas consecuencias en contra de los que no den cumplimiento a las leyes que ella misma emite en el ámbito presupuestal y de la revisión de la cuenta pública.
Los mecanismos para lograr la transparencia no deben convertirse en un engorro burocrático y una carga adicional para las instituciones. En el caso de la Cámara de Diputados, simplemente deben eliminarse esos rincones oscuros que se escapan al escrutinio de un público cada vez más celoso del destino de sus impuestos. (El Universal).
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