Desde su creación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ha sido un aliado de la rendición de cuentas gubernamental, que hasta hace muy poco tiempo no era práctica común en México. Sin embargo, esta cultura no acaba de consolidarse porque a las naturales resistencias de la autoridad -que todavía perviven- se suma la de la ciudadanía, que se esconde en seudónimos para no dar la cara en sus peticiones. Mal. Debemos ser congruentes todos con la apertura que queremos.
Es así que Mickey Mouse u Osama bin Laden son usuarios frecuentes de nuestro sistema de petición de información. zPor qué esconder la identidad? zEs por temor a represalias o al mal uso de la información personal?
Sea cual fuere la razón, lo cierto es que los ciudadanos deben identificarse sólo en caso de que se impugne una negativa de respuesta. Pero si anteponemos una máscara no podemos en realidad forzar a la autoridad a respondernos.
La cultura de la transparencia es una carretera de ida y vuelta: la de los gobernantes y la de los gobernados. Es un contrasentido exigir lo que no se está dispuesto a dar, y por supuesto que no podemos relajar el sustento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando como ciudadanos regateamos información propia que, de acuerdo con la propia legislación, no puede ser usada en contra de quien pregunta.
Ejercer en las sombras un derecho ciudadano da pie a que la autoridad se atrase en su deber. Por los propios informes del IFAI sabemos que 44 de 243 dependencias del gobierno federal -entre ellas Presidencia de la República y las secretarías de la Función Pública, Educación y Hacienda- suelen tener problemas para responder peticiones. Sabemos, igualmente, que los estados de Puebla, Guerrero y Nuevo León son los más rezagados en prácticas de transparencia.
Ni el mismo comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, tiene la obligación de revelar el monto de sus bienes, debido a insuficiencias de la legislación. Esto nos obliga a trabajar en el perfeccionamiento de la normatividad, no en el desprecio por su ejercicio desde la trinchera ciudadana.
Ser más transparentes es un compromiso de todos y no sólo obligación de quienes gobiernan. La vida cotidiana da muchas oportunidades para poner en práctica lo que en el fondo debe ser un hábito ciudadano: decir la verdad, preguntar sin miedo, reconocer errores, manejar recursos con honestidad.
También pedir información al gobierno, porque es un derecho propio, que se ejerce en libertad y de frente.
Hay que revisar la ley para hacerla cada vez más abierta y eficaz, con menos resquicios o lagunas por las cuales puedan ocultarse cosas. Eso incluye la participación ciudadana que, por lo visto, también necesita reforzar sus valores ciudadanos para hacer valer sus derechos sin cortapisas.
Requerimos ser un país más transparente, sin dobles discursos ni segundas intenciones; sólo así podremos ser más democráticos. (El Universal)
