El Instituto Federal Electoral tiene proyectado solicitar a todos los partidos políticos que lo autoricen a revisar todas sus operaciones bancarias y financieras realizadas durante el ano 2006, para contribuir a la transparencia del proceso democrático electoral en lo que respecta al origen y destino de los fondos, así como a las limitaciones que la ley impone al gasto.
El procedimiento previsto sería autorizar por escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que permita la fiscalización sin incurrir en falta por violación al secreto bancario. En el caso de los Amigos de Fox, que financiaron de manera importante la campana presidencial pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que intervenir para permitir la fiscalización. El resultado derivó en una sanción al Partido Acción Nacional.
Los otros partidos principales, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como otros menores, han sido repetidamente cuestionados por la oscuridad de algunos de sus manejos pecuniarios, que sólo se pueden explicar por la necesidad de ocultar operaciones que no están ajustadas a la ortodoxia democrática y a la ley. Es sobresaliente este planteamiento del Instituto Federal Electoral, aún en una etapa de formulación y negociación, porque todo lo que clarifique la ruta del dinero fortalece la respetabilidad del proceso electoral y tonifica la confianza de los ciudadanos en los partidos.
Cada vez más, el acceso al poder público es factible proporcionalmente al dinero que se canaliza a las campanas, lo que puede distorsionar el sentido de la competencia política. Por eso el IFE impone limitaciones.
Con todo, aún no ha sido posible verificar la identidad de todos los contribuyentes financieros de las campanas, cuyas aportaciones también son regidas por la ley, por tanto, la verificación que se propondrá es esencial para evitar inversiones interesadas que resulten formidablemente rentables para quien las otorga, lo cual se agrava si éstas provinieran de fondos ilegales o aun criminales, por lo que conviene a todos estar alertas, pero muy particularmente el IFE.
Otra faceta del problema es el gasto en precampanas electorales, financiadas sin márgenes de contención o reglamentación apropiada para evitar los excesos de los que ya hemos sido testigos.
La salud de la democracia electoral y la integridad operativa de los partidos políticos resultarán enaltecidas con esta propuesta del IFE, que si por ahora sería voluntaria, deberá incorporarse en toda forma en la legislación pertinente, la que corresponde a las instituciones políticas y las que atanen a la legislación bancaria y de valores.
De la misma forma, la trascendencia de la transparencia en el uso de recursos públicos se percibió ayer mismo cuando el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación reveló que sólo 2% del gasto público es fiscalizado y auditado para ver si los recursos se entregaron a tiempo, si se aplicaron al programa debido y si se cumplieron las metas previstas.
El asunto es poco menos que escandaloso cuando se trata del presupuesto nacional.
La solución deseable en este rubro es contar con un órgano de fiscalización autónomo y sin ninguna vinculación partidista, para ampliar la cobertura de seguimiento, lograr mayor credibilidad y crear la figura del ombudsman, como ya se hace con los derechos humanos.
Bienvenidas, pues, las propuestas positivas, abiertas, francas, que buscan transparentar nuestra vida política. (El Universal)
