La forma exagerada en que han crecido en importancia y costo las precampanas electorales en este fin de sexenio ha puesto en evidencia la urgente necesidad de extender la normatividad a esta fase de la actividad electoral.
Preocupa que la confrontación entre los precandidatos de cada partido se esté apartando muchas veces de la cortesía elemental que deben manifestarse mutuamente los miembros de un mismo partido, y que se acuda demasiado a un tipo de campana rijosa que es inusual en democracias no consolidadas, como la nuestra, un tipo de campana en la cual se pretende la descalificación del adversario antes que el cotejo sereno y de altura de programas e ideas.
Ante el evidente rechazo que estos hechos han despertado en la opinión pública, y sobre todo ante el derroche de recursos publicitarios en que incurren los aspirantes, algunos precandidatos, como Tomás Yarrington y Manuel Ángel Núnez Soto, ambos del PRI, han ofrecido transparentar sus gastos de precampana, para que quienes estén interesados puedan verificar estos egresos. Sin embargo, de ninguna manera puede quedar esto al arbitrio y a la buena voluntad de los que buscan las candidaturas; es necesario que el Instituto Federal Electoral, con el apoyo del Poder Legislativo, establezcan normas sencillas, de fácil verificación y comprobación para conocer y equilibrar con justicia este tipo de gastos en estas etapas.
Además de fijar mediante una norma justa y transparente los topes de gastos de precampana que actualmente establecen cada partido, según su propio criterio, es necesario también fincar un cierto número de reglas éticas que deben respetar los precandidatos, en particular si también son funcionarios públicos, y debe evitarse que aprovechando su autoridad tomen medidas que puedan usarse en su beneficio, tanto en el ámbito propagandístico como al propiciar respaldos de intereses poderosos, capaces de aportar recursos a su campana y de influir injustamente en la opinión pública.
Es muy importante que los precandidatos de todos los partidos dejen de usar la obra pública propia o la de algunos de sus correligionarios como un arma de publicidad.
Deben eliminarse las facultades discrecionales de los funcionarios que puedan considerarse precandidatos de un partido en el otorgamiento de contratos o concesiones a intereses que les podrían brindar apoyo decisivo en su campana, y evitar la viciada práctica de inaugurar prematuramente obras o programas de beneficios materiales destinados a su electorado potencial.
Por lo pronto, el ejemplo de Tomás Yarrington y de Manuel Ángel Núnez Soto debe extenderse, de manera pronta y voluntaria, a los demás aspirantes de todos los partidos.
Las precampanas deben ser modestas, basadas en propuestas y proyectos de acción, así como dejar a un lado el recurso efectista, la consiga manida y la invectiva. Es importante que los políticos mexicanos retomen la conciencia de lo vitales que son tanto el debate entre aspirantes como el intercambio directo con quienes podrán otorgarles su voto.
La regulación racional del uso de los medios de comunicación electrónicos debe extenderse a las precampanas, puesto que se corre el peligro de que toda actividad política en México se haga no sólo extremadamente onerosa, sino hasta dependiente de dichos medios, lo que limitaría las posibilidades de participación democrática de muchos ciudadanos que busquen puestos de representación popular.
