Aunque la Secretaría de Movilidad y Transporte, a cargo de Aquiles Espinosa García, presentó una modificación en su Plan de Retorno a la Nueva Normalidad, que obliga a los concesionarios a equipar sus unidades para reducir contagios por Covid-19, la dependencia ha sido omisa en informar a la opinión pública sobre el balance que tienen de transportistas que hayan cumplido con la disposición o, en defecto, de las sanciones aplicadas por desobedecer una disposición gubernamental.
Para conocer del tema se buscó al secretario, sin embargo, hasta el cierre de esta nota informativa no respondió la solicitud.
En las cuentas oficiales de la dependencia no aparece informe alguno que permita a la población conocer sobre la aplicación de la ley a transportistas que no modificaron sus unidades.
El proyecto de la SMyT estableció que, si los conductores o chóferes de los colectivos querían llevar hasta 13 usuarios, estaban obligados (en un plazo de 15 días que ya vencieron) a colocar material que evitara un contacto directo entre las personas, de lo contrario, no podían llevar más de ocho pasajeros.
Lo que se puede observar en la ciudad es que es un porcentaje reducido de vehículos fueron los que acataron la disposición oficial. Recientemente, Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas, comentó que era responsabilidad de la dependencia, que dirije Aquiles Espinosa, aplicar los operativos para exhortar a los transportistas a que cumplan con el protocolo de sanidad.
Sin embargo, también remarcó que los mismos concesionarios tienen que ser responsables, más allá de la cuestión económica o de las ganancias, enfatizó, lo aprobado por el Consejo de Salubridad que busca proteger del contagio a los usuarios que a diario usan los colectivos para llegar a sus centros de trabajo.
En las redes sociales de la secretaría sólo circula un video de advertencia de sanciones a los transportistas que pongan en riesgo la vida de los usuarios, a los que invadan rutas, cobren más de la tarifa, inciten al conflicto o no sean concesionario, pero todo queda en una advertencia.
Además, aparecen otros promocionales que son preventivos, donde se emiten recomendaciones a la población para no abordar las unidades llenas, mantener la sana distancia y, si el lugar hacia el que se dirigen es corto, piden a la población utilizar la bicicleta o que el recorrido se haga caminando.
En la opinión de Bustamante Grajales, es la autoridad estatal la que tiene que ayudar a que el sector trabaje de forma regulada, y más allá de promover actos de represión para los transportistas que están operando sin medidas sanitarias, sugirió, se debe invitar al diálogo; si después de eso no cumplen, tiene la facultad para aplicar amonestaciones administrativas.
El único informe emitido por parte de Espinosa García es el que está plasmado en el micrositio destinado para conocer las acciones de mitigación de las dependencias en contra del coronavirus. En el documento se muestra que se recibieron 146 denuncias (Tuxtla abarca 102) vinculadas a mal actitud del operador, falta de higiene en la unidad, no respetar las medidas de sana distancia, sobrecupo, entre otras, no obstante, esos datos no están actualizados con relación al cumplimiento de la instalación de los separadores en las unidades.
