Organizaciones de transportistas se suman a la petición al gobierno de Chiapas, y en particular a las autoridades de justicia, para que se actúe en contra de grupos delincuenciales que están implementando el cobro de derecho de piso en la zona costera de Chiapas, desde Huixtla hasta Tonalá; reconocen que hay miedo de parte de las víctimas ante los homicidios y quemas de unidades que se adjudica el mismo crimen organizado.
En rueda de prensa en Tapachula, Mario Bustamante Grajales, secretario la Industria del Transporte en el Estado de Chiapas (Alianza); Mario Alberto Bustamante Mendoza, presidente de la Alianza del Autotransporte en el estado, acompañados por representantes de organizaciones de la región, señalaron que en las últimas dos semanas se han registrado extorsiones y cobro de piso, algunos de los cuales han sido reportados a las autoridades.
Expusieron que al igual que otras organizaciones de transportistas que se ven vulneradas por los grupos delincuenciales, han pedido la intervención de las autoridades, toda vez que con anterioridad el delito pudo contenerse y en su momento se le reconoció a la autoridad el esfuerzo, sin embargo, tras el paso de semanas más agrupaciones han comenzado a reportar nuevos incidentes.
Bustamante Grajales dijo que a todos preocupa la situación, porque “el transportista vive de su trabajo y si no se detiene, esto podría ampliarse y causar estragos y barrer en todo Chiapas”. Recordó que hace unos tres años ocurrieron situaciones similares en Cintalapa, donde hubo grupos que intentaron estas acciones, pero se hizo frente siempre dentro de la ley y con la actuación de la autoridad se pudo contener.
“Hoy todos los transportistas y sus organizaciones tenemos buena comunicación; estamos decididos a parar las estafas y elevar la voz en las mesas de trabajo correspondientes”. Reiteró que no se busca violentar la ley, sino acciones organizadas para no afectar a terceros y lesionar a la sociedad que está harta de las protestas violentas y que lesionen intereses en sus actividades diarias, sobre todo después de la pandemia y la crisis que esta generó.
La postura será la de pedir a la autoridad que haga su trabajo lo más pronto posible y que las organizaciones empujen para combatir a los grupos delincuenciales que buscan hacer de esta ilícita actividad su modo de vida, “no pedimos enfrentarlos, sino dar elementos a la autoridad para que haga su trabajo”.
