Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado (FGE), afirmó que ya se iniciaron las herramientas jurídicas para buscar la reaprehensión de Felipe de Jesús Chamlati Albores, presunto asesino de Maricarmen Escobar López, por considerar que su liberación no fue apegada a derecho.
El pasado 19 de mayo del presente, pese a que ya había sido condenado a pagar con 37 años y seis meses de prisión, Chamlati Albores fue liberado luego de solicitar un amparo por un tribunal federal y se encontraran fallas en su proceso jurídico.
Juan Antonio Escobar, padre de Maricarmen, afirmó que ha llevado con dolor el proceso jurídico desde el hallazgo de su hija, sin embargo, la parte acusada ha encontrado diversos recursos para prolongar el dictamen, que ya cumplió más de tres años, donde se han dictado sentencias por homicidio y no feminicidio, además, de que se ha aplazado, hasta el punto de que hoy se encuentra libre el presunto asesino.
El 28 de marzo de 2016, Maricarmen de 16 años originaria del municipio de Pijijiapan, desapareció. Tan pronto como se denunció su desaparición fue activada la Alerta Amber para encontrarla. Sin embargo, al tercer día, fue localizada sin vida en una colonia de ese municipio.
El feminicidio de Maricarmen se tomó como uno de los casos emblemáticos que visibilizaron el tema sobre la violencia hacia el género. La joven fue localizada sin vida en las inmediaciones de un predio rústico, ubicado a un costado de la carretera de terracería que conduce al ejido “El llanito” en el municipio de Pijijiapan. Presentaba señales de asfixia y se encontraba maniatada.
Respecto a este caso, Llaven Abarca comentó que harán uso de las herramientas jurídicas que tengan para revertir el auto de libertad de Chamlati Albores, ya que considera que la resolución no fue apegada a derecho.
Agregó “respetamos la autonomía del Poder Judicial Estatal y Federal, pero seremos responsables de interponer los recursos jurídicos cuando creamos que las resoluciones no llevan a la justicia”.
El fiscal comentó que este caso es el tercero que ejercen de la misma forma, ya que anteriormente Jimmy Virgilio “N” asesino de Wendy Lisset “N” y Fernando Rosales Toledano asesino de Viridians “N” (quien aún se mantienen prófugo) fueron liberados por jueces federales y donde la FGE ha interpuesto recursos para su aprehensión.
“Vamos hacer uso de los recursos legales que tiene la Fiscalía para revertir y llevar a la justicia, hoy está libre y es un caso lamentable”, comentó Llaven Abarca.
La otra batalla
Escobar manifestó que la pérdida física de su hija es “un golpe muy duro para todo padre”, por lo que, reconoció vivir estados de depresión, ante ello, buscó ayuda con autoridades, sin embargo, la poca acreditación del personal y la falta de una comprensión del contexto de los sucesos hace que tomen otras vías.
“Nosotros somos de Pijijiapan, nos pusieron citas con un psicólogo en la Fiscalía de Tuxtla, para llegar teníamos que hacer grandes esfuerzos económicos para poder ser ayudados con la asesoría”, indicó.
Juan Antonio mencionó que en su caso existió una superación profesional de ayuda, es decir, el especialista que le había asignado la Fiscalía ya no era lo suficientemente experto para seguir con el tratamiento de su caso.
“Existe una inseguridad, a veces las sesiones eran de 20 minutos, inclusive no estaban los especialistas”, afirmó.
El padre de Maricarmen expresó que después del choque emocional que significa perder a una hija, uno trata de buscar ayuda por todos lados, desde la ayuda profesional, hasta la medicación.
“Como paciente clínico tuvimos acercamiento a psicólogos, activistas y hasta tanatólogos. Sin embargo, cada uno indica que de no llegar semanalmente se pierde todo lo que se ha generado, pero el dinero que tenemos para trasladarnos y sobre todo para estar nos ha limitado”, dijo.
En el aspecto jurídico, a la familia Escobar nunca le ofrecieron un defensor de oficio que le ayudara para el seguimiento de su caso.
A tres años del asesinato de Maricarmen, con la incertidumbre de la salida del presunto perpetrador, Juan Antonio indica haber gastado más de cinco mil pesos en sesiones con psicólogos, además de medicamento.
La familia Escobar afirmó haber gastado más de un millón y medio de pesos en el proceso jurídico. Agregan “la abogada la pagamos nosotros, los amparistas nos cobraron 150 mil pesos. En sí, cada viaje a México, Tuxtla o cualquier lado, ir por papeles o ser requeridos tenemos que gastar dinero que muchas veces nos cuesta generar”.
Ante ello, Juan Antonio Escobar, pidió a las autoridades locales poner todo de su parte para que el asesino de su hija regrese a prisión ya que el acto que cometió es grave y se tiene que pagar con cárcel.
