Para la presidenta de la Confederación Nacional Campesina de Indígenas y Productores Rurales (Cncinpro), Rosa María Armendáriz Muñoz, el Tratado de Libre Comercio (TLC) trajo consigo también la facilidad e impunidad, para que empresas de extracción minera arribaran al estado de Chiapas.
Señaló a aquellas de procedencia canadiense, que junto a la de otras nacionalidades, tienen en Chiapas 99 concesiones mineras con vigencia a 50 años de funcionamiento en 16 municipios del estado, principalmente en las regiones Sierra Madre y Costa.
“El TLC ayudó y benefició a empresas canadienses y norteamericanas para que ingresaran al estado, ya que México tenía que aceptar las condiciones firmadas en el Tratado. Por eso ahora nos sorprende que digan que nuestro país fue el mayor beneficiario”, abundó Armendáriz Muñoz.
Y es que actualmente empresas canadienses, chinas, norteamericanas e incluso mexicanas, cuentan con concesiones para la extracción de diferentes metales como titanio, plomo, cobre, zinc, fierro, plata y oro.
Esta actividad genera consecuencias negativas, principalmente en temas ambientales, ya que con la extracción los suelos y subsuelos quedan estériles y los residuos químicos son desechados en los mantos acuíferos, inutilizando los campos para las cosechas.
“Todas las agencias dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de otros países siempre han servido a los intereses de cada nación, muchas agencias solo sirven para disfrazar realidades y permitir el enriquecimiento de empresas”, añadió.
Lo anterior fue en referencia a la nula intervención de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) en estas problemáticas, organismo trinacional que trabaja en favor de la protección y conservación de América del Norte.
Hasta el 2015, según datos de la Asociación Otros Mundos, se suspendieron 20 empresas mineras cuando hace cuatro años había una lista de 120 de ellas. Además, estas ocasionan divisiones entre las comunidades, debido a que llegan con dinero y corrompen a los pobladores.
