"Rafael Victorio * CP. La certificación social y ecológica de las fincas cafetaleras de Chiapas, por parte de instituciones y organismos internacionales, obliga a los propietarios a dar un trato digno a los jornaleros nacionales y guatemaltecos, por ende, al no cumplir corren el riesgo de quitarles ese ""plus"" que a ellos les representa.
La mayoría de las fincas y comunidades cafetaleras -sector social-, muchas de ellas indígenas, cuentan con códigos de ética y de adherencia para la producción del aromático con respeto a la biodiversidad, a los trabajadores y sus familias, que incluyen normas sociales de salud, alimentos, jornadas de ocho horas, el no trabajo de ninos y no maltratos, situaciones que son verificadas en forma permanente por inspectores internacionales.
Las reacciones cuando se conocen de quejas y denuncias de incumplimientos de los protocolos son muy fuertes, por ese motivo ""causa sorpresa la noticia de la existencia de presunta explotación de menores y con ello la alarma de las certificadoras, cuando hay todo un esfuerzo de las autoridades por el respeto a los derechos laborales y humanos"", asegura el director del Centro de Agroecología San Francisco de Asís (Casfa), Jorge Aguilar Reyna.
En la región del Soconusco, Costa y Sierra del Estado, por lo menos existen diez organismos pendientes de la situación de los trabajadores, aparte de las instituciones gubernamentales nacionales y sus representaciones consulares y aunque pudieran haber algunos casos aislados ""no por eso se tiene que afectar a todo un sector que representa la estabilidad social, productiva y económica de miles de chiapanecos"".
A pesar de los 20 anos consecutivos de crisis por los bajos precios, el sector cafetalero ha seguido dando la batalla, al ser no solamente generador de empleos y divisas para el país, sino también de grandes servicios ambientales con sus bosques compactos que producen agua, oxígeno y mantienen la biodiversidad.
Por ello, lamenta la posición de la CNDH al decir que existe explotación de menores, porque ""no refleja la realidad de lo que está pasando en el campo cafetalero chiapaneco y tampoco reconoce el esfuerzo de los productores privados y sociales, de organismos nacionales e internacionales, del gobierno federal y del estado, que tienen amplios programas sociales de atención a los jornaleros que incluso reciben remuneraciones por encima de los salarios mínimos nacionales"".
""Eso nos preocupa porque puede ocasionar la desertificación, pérdida de credibilidad y castigo de los mercados, lo cual es peligroso para la región y el estado al depender del café más de un millón cien mil chiapanecos"", establece Aguilar Reyna.
La organización Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM), pionera de los cultivos orgánicos en el mundo, pero principalmente café, con sus 934 socios -la mayoría indígena-, advierte los riesgos de no cumplir con los requisitos de certificación: ""perderíamos todo lo logrado en 20 anos"".
El presidente del Consejo de Administración, Mario Morales Hernández y el coordinador técnico y de certificación del ISMAM, Noel Galindo Espinosa, senala que gracias a los programas instrumentados han logrado penetrar a los mercados de comercio justo, logrando así mejores precios no solamente con el café orgánico sino también producido con prácticas tradicionales.
""Los beneficios que se alcanzan son económicos, sociales, culturales y productivos"", aunque tienen que cumplir requisitos y criterios de certificación, como el respeto a los derechos humanos y laborales, no permitir el uso de mano de obra infantil y en el caso de las mujeres recibir un pago igual que el de los hombres.
Pero esto no solamente es para los productores de café, sino para todos los cultivos, como el cacao, la cana y el mango, entre otros, que están enmarcados en el sistema de comercio justo, por lo cual la postura de la CNDH no solamente perjudica a un sector.
En los costales de envío de café orgánico chiapaneco a los países de la Unión Europea, van impresas las certificaciones: Norma Europea 2092/9/CEE, Control IMO, Instituto For Marketecology, Fairtrade y Comercio Justo. ""Es un requisito que tenemos que cumplir"", explican.
Tanto en las fincas como en las comunidades cafetaleras la situación de los jornaleros ha ido cambiando para bien al mejorar los sistemas de alimentación, vivienda, salud y hasta escuela.
Por ello, el presidente de la Unión de Productores de Café Tacaná, Ricardo Trampe Truebert, dice no entender el ""ataque brutal"" que han sufrido los productores por parte de la CNDH y la publicación de algunos reportajes ""poco equilibrados"", que generalizan la presunta ""esclavitud"" a que son sometidos menores guatemaltecos en fincas chiapanecas.
El representante de cafetaleros medianos y grandes se siente agraviado por esas posturas que demeritan los esfuerzos por mantener un cultivo que genera miles de empleos y del que dependen más de un millón de chiapanecos, ello a pesar de la crisis recurrente durante 20 anos consecutivos y ""ahora que empezamos a tener buenos precios viene esta campana en nuestra contra"".
Hubenseslao Rabanales Roblero, presidente de la Federación de Organizaciones Productoras de Café de Chiapas, que agrupa a 35 mil cafetaleros del sector social e indígena, senala que también ellos contratan a jornaleros guatemaltecos y en muchos casos comen lo mismo que el patrón -ejidatario o comunero- y duermen en su casa, aparte de que si se enferman acuden a las clínicas rurales que existen en las comunidades.
A decir del dirigente de la organización social ""Santa Rosario del Campo"", Isaí García Trujillo, esa situación no significa o representa explotación y mucho menos que estén sometidos a esclavitud, tal como pretenden hacerlo aparecer, pero afectando a todo un sector del que en mucho depende la economía y la estabilidad social del estado.
Este hizo un llamado al ombudsman nacional a que llegue a las fincas cafetaleras para que constate la realidad y en caso de encontrar a alguien que cometa irregularidades aplicarle la ley.
Juan Daniel Vicente Mérida, administrador de la finca ""San Antonio Chicharras"", una de las sindicadas en forma directa como ""explotadora"" de menores, aclara que es todo lo contrario al contar con los sellos de calidad y el certificado social que les permite alcanzar mejores precios por el buen trato al personal y la protección a la ecología.
Pero como ésta son muchas las fincas y comunidades cafetaleras que cuentan con certificaciones por el esfuerzo seguido de muchos anos de trabajo social y del cuidado del medio ambiente que se están poniendo en riesgo por la falta de verificación de las reales condiciones laborales que persisten en este sector, el más importante de Chiapas.
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