David Morales * CP. Ayer se cumplió el tercer día de conflicto social entre dos grupos que disputan la propiedad de un predio de 40 hectáreas dividido en 88 manzanas de las comunidades Santa Inés, Buena Vista, San Andrés y Candelaria, en el municipio de Berriozábal.
Aunque no ha habido agresiones físicas, un conjunto presume armas de fuego y amenaza a los pobladores, en tanto que los afectados aseguran que defenderán sus propiedades. Los denunciantes temen que ante la tensión exista un enfrentamiento que concluya en muertes.
El conflicto inició el pasado lunes cuando unas 492 familias decidieron eliminar la mesa directiva encabezada por Marco Antonio Gómez Pérez, a quien acusaron de haber robado las cooperaciones durante cuatro años y de haber sometido a los pobladores por medio de la violencia.
Ante ello, Gómez Pérez y su grupo bloquearon el ingreso de cualquier servicio, como agua en pipa y prohibió la salida de los habitantes para comprar alimentos en represalia a la manifestación y así obligar a los inconformes a desistir en la movilización.
Este miércoles, Orbelín Castellanos Sánchez expuso que el dueño de ese predio se llama Ismael Ruiz Castellanos y éste solicitó el apoyo de la Organización Chiapaneca Independiente de Artesanos, Profesionistas y agrupación social (Ochiapas), ante quien firmó un poder que acredita a esa organización junto a los pobladores como dueños de los terrenos.
Castellanos Sánchez, representante de Ocerca, dijo que Gómez Pérez acusó al propietario del predio de despojo agravado, y por ello fue recluido en una cárcel de Chiapas, pero que pronto obtendrá su libertad.
Todo lo anterior para que Marco Antonio Gómez Pérez perdiera el control de los terrenos y regularizar las tierras a favor de los pobladores.
Gómez Pérez fue acusado por los pobladores de haber robado por cuatro años las cooperaciones para las instalaciones de energía eléctrica, agua, drenaje y pavimentación, pero nunca realizó ninguna obra. Siempre pretextó que él había pagado a los contratistas pero que éstos huyeron con todo el dinero de los afectados.
Por ello, los afectados piden la detención de Marco Antonio Gómez Pérez para que pague por los abusos, robo y engaño que ha cometido por cuatro años en contra de unas 500 familias, y también por los tres días de bloqueo en los que ha golpeado a habitantes, e impide que los estudiantes vayan a clases.
