Unas tres mil personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, se quedaron desde el pasado jueves sin la ayuda humanitaria que entrega la autoridad y la Secretaría de Protección Civil; justificó que las instancias hacendarias no entregaron los recursos económicos, situación que pone en riesgo la salud de estos ciudadanos, así lo denunció Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.
Mencionó que por la gravedad del asunto, el tema se informó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que quede el antecedente, tomando en cuenta el riesgo que implica en todas las personas y, particularmente, para los menores de edad.
“Hay una medida cautelar en el caso de los desplazados del ejido Puebla de Chenalhó, porque se pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas cuando el Estado mexicano no cumple con la obligación de dar la ayuda humanitaria”, complementó.
El representante legal de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas, explicó que la entrega de alimentos se ha cumplido (de forma insípida) a las personas vulnerables pero no son dádivas, más bien, representa un compromiso internacional, debido a que las personas no tienen medidas seguras de regreso a sus tierras.
Al no cumplir con la prevención de desplazamiento forzado, dijo, la autoridad se ve en la obligación de dar la ayuda humanitaria, “garantizar todos los derechos humanos mientras estén desplazados”; a través de una serie de movilizaciones, la Coordinadora se reunió con representantes gubernamentales para firmar documentos y garantizar los alimentos, la medida fue respetada de forma temporal.
Cadenas Gordillo explicó que el retraso de los alimentos genera un impacto en 170 niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años de edad, sumado a las más de 360 personas que forman parte de la Coordinadora de Desplazados; ahora, los afectados tendrán que buscar la forma de generar ingresos y ello podría significar un riesgo por el tema de la pandemia.
Aunque reconoció que no hay una cantidad exacta en la entrega de insumos, “sí son toneladas de maíz, de frijol, arroz o azúcar; hay un compromiso de entregar productos cárnicos, cuando menos, dos veces a la semana”.
El activista en materia de derechos humanos, recordó que en la última sesión del Consejo (que reúne a todas las autoridades sobre temas de desplazamientos), los funcionarios estatales comentaron que se ejercen tres millones de pesos bimestrales para la entrega de alimentos de todos los desplazados en la entidad, que abarca a la Coordinadora pero también a las de San Cristóbal de Las Casas, El Bosque, Nicolás Ruiz, Chilón y otros municipios.
La única opción que les queda ahora, remarcó, es que los desplazados de Chenalhó (amenazados de muerte) no pueden salir por alimento y aspiran a que les den un oficio de albañil; en otros casos, tienen que adecuarse al abandono y buscan cualquier actividad para generar ingresos (mínimos) para sobrevivir.
Finalmente, el activista recordó que los desplazados viven en una condición de hacinamiento, lo que implica un riesgo sanitario para todas las personas que están en campamentos improvisados.
