Tribunal ordena libertad inmediata a defensores

Celebran la resolución. Cortesía
Celebran la resolución. Cortesía

El Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación resolvió otorgar el amparo y la protección de la justicia a los cinco defensores comunitarios tseltales de San Juan Cancuc, ordenando su inmediata puesta en libertad.

La resolución, emitida al resolver los amparos 64 y 65/2025, representa un avance significativo en un caso que ha sido señalado por organismos nacionales e internacionales como una criminalización por la defensa del territorio.

Resolución

Los cinco defensores, Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, permanecían privados de su libertad desde junio de 2022, recluidos en el Cerss No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, acusados de un homicidio que sus representantes legales siempre denunciaron como fabricado.

Esta decisión judicial se produce después de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitiera en mayo de 2025 una opinión categórica. Dicho organismo internacional ordenó al gobierno mexicano la liberación inmediata de los indígenas, al considerar que su detención fue arbitraria.

La ONU detalló en su Opinión 21/2025 que existieron múltiples irregularidades, incluyendo la falta de fundamento legal para la detención, violaciones al debido proceso, la ausencia de intérpretes a pesar de que el español no es su lengua materna, y actos de discriminación por su condición indígena y su labor como defensores de derechos humanos.

El Grupo de Trabajo también señaló que tres de los defensores estuvieron incomunicados durante 24 horas, lo que constituyó una desaparición forzada.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), organización que acompañó jurídicamente el caso y lo llevó ante la ONU, documentó un patrón sistemático de criminalización contra defensores indígenas en Chiapas.

Subrayaron que el caso de los cinco de Cancuc se enmarca en la represión estatal contra la oposición comunitaria a megaproyectos como la autopista San Cristóbal-Palenque y la creciente militarización en la región.