Una vez aprobada la ley orgánica del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado por el Congreso local y el decreto sea publicado en el Diario Oficial, se espera que este órgano entre en funciones a la brevedad para atender los juicios contenciosos administrativos.
De acuerdo a la diputada Patricia Mass Lazos, el estado carece de legislación secundaria para la tramitación de los juicios contenciosos administrativos, ya que el año pasado se aprobó la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa como ente autónomo, y se creó el Tribunal Administrativo dependiente del Poder Judicial.
En tal virtud, el nuevo órgano jurisdiccional entró en funciones sin normativa que regule su vida interna, razón por la que se atrasó la tramitación de todos los asuntos de su competencia.
Este hecho causó grave perjuicio a la esfera de los derechos de los ciudadanos, quienes tienen en el juicio de amparo el único mecanismo para defenderse de una actuación que estimen legal.
Indicó que a veces los jueces de amparo han desechado las demandas en virtud de que estiman que los quejosos no agotaron el principio de definitividad, que se refiere a la obligación que tienen las personas para agotar todos los juicios ordinarios, como lo es el contencioso administrativo, antes de acudir al juicio de garantías.
Con la ley aprobada se dota al estado de la legislación secundaria necesaria para que el Tribunal Administrativo entre en funciones de manera inmediata y empiece a impartir la justicia que reclaman los ciudadanos.
Si bien es cierto que está en la Constitución general y local el reconocimiento de los derechos políticos y electorales de las mujeres, estos deben también promoverse en las leyes secundarias, en las que deben estar representadas con los términos adecuados.
La diputada Mass Lazos dijo que la redacción de una ley no es cuestión de semántica, porque cuando se promueve una impugnación o cualquier cuestión jurídica las instancias se van a lo que está escrito en estricto censo. “Si dice magistrados, quieren que sean hombres, si dicen presidente, quieren que sea hombre”.
Enfatizó que sí deben hacerse las precisiones correspondientes en la ley para identificar que se trate de mujeres y hombres en la conformación de este órgano administrativo.
La propuesta de modificar ambos artículos en una redacción incluyente fue aprobada por los diputados por unanimidad, pronunciándose a favor el diputado Marcelo Toledo Cruz, al considerar que pareciera que es difícil acostumbrarse a utilizar un lenguaje inclusivo.
