El Congreso del Estado retiró el fuero constitucional al presidente municipal de Tumbalá, Porfirio Ramos Torres, para que pueda ser juzgado por diversos delitos, entre éstos abuso de autoridad, tras una denuncia del indígena Simón López Luna, por agresión en su contra.
Es el caso de un Presidente Municipal que tomó la acción en sus manos luego de que tras una denuncia por presunta violación a una mujer, la justicia respondió en forma negativa a sus expectativas. El Alcalde tendría lazos de parentesco con la supuesta víctima.
El caso, que atrajo la atención de un programa noticioso en la televisión de cobertura nacional, es el segundo en cuanto a servidores públicos chiapanecos. En éste, un Presidente Municipal se tomó atribuciones de castigo que corresponden a otras instancias, que implicaría privación de la libertad -no golpes- sólo una vez agotado el proceso de ley.
Al ser dos lamentables hechos en los que un servidor público se ve involucrado en hechos de violencia, deben ser suficientes ya para que no sólo presidentes municipales, sino en general, todo tipo de funcionario reflexione sobre su actuación, sobre todo en el ámbito rural, pues no son pocos allí los casos en que hasta los policías creen tener el derecho de torturar a quienes se hallan en una situación de presunta irregularidad.
En este caso particular, no está a discusión la inocencia o culpabilidad del sindicado, sino el abuso de autoridad en que incurren ciertos servidores públicos que por falta de control o por desconocimiento, violan gravemente garantías que son inseparables al individuo.
Es claro que el Congreso del Estado actuó correctamente al separar de su cargo a éste y al otro Presidente Municipal, para que en ambos casos enfrenten el proceso a que se hayan hecho acreedores, pues sería inadmisible que en un país en el que arrogarse el monopolio de la violencia parece ser lo más común, sean ahora los servidores públicos los que vengan a poner el mal ejemplo del desorden.
