El sábado 22 de noviembre, Antonio Navarro Letayf se encontraba en el andador guadalupano con una serpiente. Personal del municipio de San Cristóbal se acercó para pedirle sus permisos, mismos que mostró de forma digitalizada, pero le dijeron que así no valían.
En ese momento se acercó una mujer que, aunque se negó a identificarse, dijo que venía de parte de Ecología de municipio. Le informaron que, si bien no estaba detenido, debían llevarse a su animal.
Detención
“Entonces les dije: si no estoy detenido, me voy”, narra Antonio. Sin embargo, policías ya lo esperaban en la esquina.
Cuando logra subir a su auto y manejar una cuadra, es encerrado por dos motos y cuatro patrullas. Un agente ve a la serpiente y le avisa a los demás. Los policías proceden a bajarlo. Lo golpean, lo tiran al piso y le patean tanto cabeza como costillas.
Al final, Navarro terminó en el separo municipal, donde le pidieron nueve mil pesos para salir. Teniendo los papeles, decidió pasar las 36 horas de arresto que, dice, fueron un infierno por la claustrofobia que sufre. Incluso por su mente pasó la idea de ahorcarse. Terminado el lapso, y confirmados los permisos, hasta los agentes querían tomarse fotos con la serpiente.
Antonio Navarro trabaja como controlador de fauna en aeropuertos. Después de tanto ajetreo laboral, decidió pasar un tiempo en San Cristóbal. A su resguardo tiene varias serpiente que, recalca, siguen siendo propiedad del estado federal. Por eso no entiende la intervención de la policía municipal.
Esta no es la primera vez que la dirección de Ecología y medio ambiente se enfrenta a un señalamiento. Hace meses, ambientalistas denunciaron que la presidenta Fabiola Ricci nombró como directora a Jade Cantú Luna, quien es investigada por ecocidio en Profepa por dejar secar los humedales locales.
