La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente presentó este miércoles un balance de actividades a un año de su apertura. El organismo público descentralizado, especializado en materia tributaria, que proporciona gratuitamente asesoría y consulta, defensoría y representación, así como procedimientos de queja o reclamación contra actos de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes, busca garantizar el derecho de quienes pagan contribuciones a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal.
En esta oportunidad dio a conocer que durante ese lapso tramitó un total de 800 quejas contra la autoridad fiscal, con un valor reclamado por los contribuyentes por tres mil millones de pesos. Compara que esta cantidad equivale al 12 por ciento de la recaudación total del Impuesto Empresarial a Tasa Única durante el primer semestre de 2012.
Enlista además asesorías a siete mil contribuyentes, con un promedio de 586 al mes.
Sobre un tema delicado, la inmovilización de cuentas bancarias y los procedimientos administrativos de ejecución suman un total de 292 y 176.2 millones de pesos, respectivamente. Asimismo, emitió 27 recomendaciones a distintas autoridades fiscales de las cuales sólo una tercera parte fue aceptada.
El organismo autónomo patrocinó 714 medios de defensa legal a nombre de los contribuyentes, con 64 por ciento de efectividad y un costo total de 20.7 millones de pesos.
De los causantes atendidos por la a Procuraduría, en las áreas de Quejas y Representación legal, un 70 por ciento son personas físicas. El porcentaje restante, 30 por ciento, corresponde a personas morales que no obstante contar en su mayoría con asesoría de abogados y contadores, recurren a la Procuraduría para solicitar su apoyo.
El organismo, que parece ser poco conocido por ser de reciente creación, forma parte de un grupo de instituciones que hacen un aporte muy positivo a la marcha del país, junto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, entre otros de distinta índole como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que están dando un nuevo perfil a la administración federal.
