"El vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, senaló ayer que, al igual que el presidente Vicente Fox, cualquier gobernador, presidente municipal o funcionario tiene derecho a impulsar los valores e ideales de su partido político o de su proyecto de gobierno, pero siempre dentro del marco de la ley.
Y anotó: ""Nunca volveremos al pasado en términos de utilizar los recursos públicos para apoyar a los candidatos del gobierno en turno... no se trata de ir a la lógica de una elección de Estado, sino en el marco de una nueva realidad democrática del país y en el espacio que otorgan las propias leyes mexicanas"".
Esta postura es extrana y sorprende, pues podría abrir, de forma peligrosa e irremediable, la puerta a un caos de intervenciones y manoseos en los procesos electorales a lo largo del país.
El Presidente de la República puede garantizar que, de su parte, no hay intención de violar la ley o utilizar los recursos públicos en favor de su partido político, pero no tiene forma de asegurar que todos los funcionarios que colaboran con él, así lo harán o que aquellos funcionarios gubernamentales o municipales serán incorruptibles en este aspecto, sobre todo porque en México todavía no se superan vicios acumulados desde hace muchas décadas.
Así, este inoportuno llamado es una invitación indirecta a que desde los poderes municipales o estatales se intervenga en aspectos concretos de la operatividad electoral.
Que funcionarios expresen abiertamente su militancia partidista y participen en eventos políticos, parece no suponer una violación a las leyes electorales o de responsabilidades de la administración pública en sí mismas, pero sí cuando menos, los coloca en una situación comprometida y de conflicto de interés en materia de arbitraje electoral, que sería preferible evitar.
Los comicios federales del próximo ano se vislumbran difíciles, beligerantes y polémicos. Por tanto, lo que menos necesitamos es que el aparato gubernamental se meta a hacer proselitismo y oriente sus tareas en favor de los candidatos de sus respectivos partidos, olvidando su responsabilidad de gobierno frente a una sociedad que debe exigirles cumplimiento.
El país avanza en madurez democrática, por eso debe imperar la prudencia y el tacto de parte de todos los actores políticos, para no enrarecer el ambiente con disputas estériles. El paso de México hacia estadios democráticos más avanzados supone, entre muchas otras cosas, que las contiendas electorales se lleven a cabo en ambientes de verdadera equidad, donde no exista ni siquiera la más leve sospecha de que algunos de los candidatos obtienen ventajas o apoyos indebidos.
Debe darse el lugar que le corresponde a las instancias autónomas y ciudadanizadas construidas para garantizar que el proceso del ano siguiente sea acorde con nuestra voluntad democrática.
Aún cuando al vocero Aguilar, el pronunciamiento presidencial le parece un avance en materia de convivencia democrática, en realidad es un delicado tema que debe ser reflexionado con todo rigor por el Presidente de la República. Si éste decide apoyar a su partido, echará por la borda aquello que dice haber construido el 2 de julio de 2000.
Los mexicanos queremos un Presidente de la República, no un presidente de su partido en funciones de Presidente de la República. La diferencia es grande y, por lo tanto, merece una reflexión profunda. (El Universal).
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