"Francisco Valdés Ugalde * El Universal. El ciclo abierto por la reforma política de 1996 ha concluido. La esterilidad de la disposición estructural de las fuerzas políticas así lo indica.
El presidente Calderón lo ha reconocido implícitamente en su mensaje del 3 de septiembre. ""Lo que propongo es pasar de la lógica de los cambios posibles, limitados siempre por los cálculos políticos de los actores, a la lógica de los cambios de fondo que nos permitan romper las inercias y construir en verdad nuestro futuro"", dijo. Palabras pertinentes ante el desatino chantajista que se reedita en San Lázaro.
El reconocimiento es tardío pero inevitable. Sin cambios de fondo en el sistema político es imposible avanzar. Desde que se generalizó la alternancia es evidente que el régimen político facilita a los actores anteponer sus prioridades a las del país y subordinar a aquéllas la agenda legislativa y de gobierno.
El sistema político mexicano fue disenado para gobernar con hegemonía, primero, y con mayoría de un solo partido en un momento posterior, pero nunca con pluralismo. La democracia advino por una rendija que sólo iluminó, aunque sin despejarlo de sombras, el sistema electoral y de partidos.
Las piedras angulares sobre las que se fundamentaron los paradigmas autoritarios de gobierno no han sido removidas. La Constitución General de la República mantiene sujetas las manos de las legislaturas de los estados para regular su régimen interno como lo indica el artículo 40, y mantiene asfixiado al municipio. Por ello la inercia de las finanzas del Estado concentra en su cúspide más de 90% de la recaudación, y a pesar de que ésta es insuficiente está completamente desbalanceada en su estructura de facultades y obligaciones, desde el municipio y las entidades federativas hasta el gobierno federal.
Urge retomar el programa de una democracia verdaderamente representativa. Ello incluye dar a las legislaturas estatales toda la capacidad y responsabilidad para normar su régimen interno y establecer un equilibrio de poderes hoy perdido con sus ejecutivos y con los municipios. Una vez hecho esto hay que dejar que las legislaturas procedan con toda libertad a hacer los cambios necesarios de régimen que requieren sus regiones.
Es imperioso levantar las restricciones que impone la Constitución para la reelección legislativa y municipal. La ineficiencia del Poder Legislativo se debe a que se perdieron los controles disciplinarios impuestos verticalmente desde el presidencialismo, mientras que no se ha impuesto autocontroles que reemplacen a los anteriores. Las dos medidas principales en este campo son restaurar la reelección legislativa y establecer una norma que obligue al Congreso a tomar decisiones finales en tiempos perentorios sobre toda iniciativa que haya recibido. Esto incluiría la medida transitoria de limpiar las bodegas del Congreso de los cientos de iniciativas que en ella duermen el sueno de los justos.
Es preciso establecer la segunda vuelta para la elección de presidente. No podemos seguir con presidentes de primera minoría cuestionados desde el inicio de su mandato y socavados a partir de la elección intermedia. Para resolver los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo debe introducirse la figura de jefe de gabinete.
Concomitantemente, en lugar de sólo pensar en reducir el tamano del Congreso debería considerarse la desaparición del sistema de mayoría e introducir el principio de representación proporcional puro. Está demostrado que si se quiere una democracia consensual que dé libertad plena a la negociación social, económica y política la representación proporcional es el método idóneo para integrar la Legislatura.
Abrir la partidocracia a la transparencia y a la rendición de cuentas implica instaurar las candidaturas independientes, una legislación más eficaz en materia de fiscalización y una reducción del dinero que se inyecta a los partidos. Junto a ello, hay que revivir la ley de medios y la de telecomunicaciones. La emergencia nacional exige una fuerte apertura a los temas públicos y restricciones al desbordamiento de los grandes intereses privados que los oprimen. Medios de comunicación públicos para la recreación de lo público y medios de comunicación privados sometidos a una nueva forma de regulación por usufructuar un bien de la nación.
Además, hay que partir el espinazo al indigno sistema de procuración de justicia que prevalece y mantiene a la sociedad sin medios de defensa.
Estas son algunas de las propuestas más elementales para derribar los obstáculos que impiden que el régimen democrático se traduzca en un Estado democrático. La historia del 96 ha concluido, hay que dar vuelta a la página. Saber hacerlo es responsabilidad de los poderes del Estado frente a la nación. Veremos si tienen grandeza de miras.
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