Los cárteles del narcotráfico han ofrecido una tregua en la violencia que azota al noroeste del país a cambio de que las autoridades dejen de atacar a sus jefes.
De acuerdo con reportes de la II Zona Militar, que cubre toda Baja California y el estado de Sonora, la propuesta fue planteada por desertores del Ejército como mensaje al general Sergio Aponte Polito.
La idea fue rechazada. Correctamente. No se trata de un debate sobre la posibilidad de legalizar las drogas o qué hacer con los adictos. En este caso, la idea plantea de hecho un indulto a los jefes narcotraficantes, responsables en gran parte de muchos de los más de 2 mil 500 asesinatos ocurridos en el país en los últimos 13 meses y brutales violaciones a los derechos humanos de muchos mexicanos.
La proposición es, para bien o para mal, inaceptable por razones muy simples: los traficantes no pueden, por definición, cumplir con su palabra; el Estado no puede, por definición, aceptar tácitamente la existencia de un poder paralelo. Tan tentadora como suena la idea de buscar cómo poner fin a la ola de violencia mediante tratos que sin duda podrían extenderse de Oaxaca y Guerrero a Tamaulipas y Nuevo León, su duración dependería de la permanencia de los actuales jefes al frente de sus respectivas organizaciones. Y eso no suena fácil sin otros banos de sangre.
Al mismo tiempo, la mera aceptación del ofrecimiento implicaría el reconocimiento de un poder fáctico ajeno y paralelo al Estado. Tal pacto tampoco tendría mucho futuro.
La realidad es que hoy el poder del Estado y el de la delincuencia organizada conviven en México pero también que se trata de una situación insostenible. El gobierno debe combatir al narcotráfico por razones que van de las más elementales necesidades de ley y orden a las más elevadas consideraciones de seguridad nacional.
Ciertamente no se trata de una situación fácil y mucho menos exenta de riesgos. Pero no hay alternativas ni posibilidades de componenda. Los cárteles de narcotráfico son grupos dedicados a subvertir el orden por razones de lucro mediante acciones delictivas que los llevan a la delimitación de territorios, la promoción de la corrupción política y social, y por tanto, en choque y aún en competencia con el Estado.
Valdría la pena recordar que ofertas de este tipo fueron hechas también en su momento al gobierno de Colombia, que las rechazó. Sería también importante recordar que aquellos grupos que hicieron la propuesta fueron derrotados y que en su lugar hay otros nuevos.
Pero también que el combate a organizaciones que lucran de las flaquezas humanas son una labor como la del mítico personaje griego de Sísifo, condenado por los infiernos a tratar de llenar un pozo sin fondo. Las autoridades encargadas de combatir organizaciones como la de los cárteles están en esa misma situación. Pero ni la sociedad ni las autoridades tienen alternativa en tanto que haya quienes traten de explotar los vicios y la ilegalidad de sus satisfactores.
La oferta fue bien rechazada como inaceptable aun cuando la lucha es interminable, a menos que se consideren alternativas como la descriminalización del comercio y consumo de drogas, y eso, siempre y cuando sea una decisión con una amplia participación internacional.(El Universal)
