Como se veía venir, las comisiones de Comunicaciones y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron ayer, sin tocarla, la minuta de reformas a las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, que desde que fueron formuladas por la Cámara de Diputados, hace cuatro meses, provocaron una encendida polémica pública.
La votación en el Senado sanciona un ordenamiento legal de inmensas repercusiones sociales, económicas, culturales y políticas, por lo que atane íntimamente a la nación, sin la menor hipérbole.
El poder de los medios electrónicos de comunicación influye impetuosamente en el ser nacional, para bien y para mal, por lo que resulta inevitablemente extrano que ninguna observación sobre la iniciativa haya sido considerada, ni siquiera desechada con una explicación atenta por parte de los representantes legislativos a sus representados.
Tampoco se conoce alguna opinión sobre el particular de parte del Poder Ejecutivo, tan proclive a enjuiciar al Poder Legislativo cuando no tramita diligentemente los proyectos de ley que en Los Pinos se conciben. Es decir, hay una muy extrana complacencia ante lo que está ocurriendo con esta enmienda legal. La situación perturba porque las impugnaciones a las modificaciones de ley se dieron a conocer repetidamente, en todos los tonos, por académicos, intelectuales, especialistas, los mismos radiodifusores, en principio e interesados, en general, en el tema. Las posiciones adversas fueron ignoradas con soberbia. No parece ser este episodio el mejor ejemplo de una administración que se precia de democrática y de representar un cambio.
El objetivo de las leyes de radio y televisión, y de telecomunicaciones, es el de regular las actividades de un sector de sustantiva importancia económica pero de mayor trascendencia social y política.
Se trata de ordenarlas y proyectarlas para que produzcan el más amplio beneficio posible a la comunidad. Las enmiendas en vías de aprobación parecen dejar el sector al arbitrio de los consorcios que debieran ser regulados.
Actos que estaban bajo la potestad del Estado son cedidos graciosamente a los consorcios, sin compensación alguna. Un simple cotejo de lo que estamos haciendo con lo similarmente ocurrido en otros países demuestra que, sólo medido en términos monetarios, perdemos de golpe varios miles de millones de dólares. Tampoco se imponen obligaciones y responsabilidades sociales y públicas a los consorcios, como es necesario en tratándose de entidades con ilimitada influencia en la vida de la gente.
Finalmente, es probable que un gobierno que está por salir podría tener el privilegio de designar a los miembros del propuesto órgano regulador de la radio y la televisión, atributo que sería más apropiado dejar en manos del próximo Presidente, porque será a él a quien toque tratar con éste. Sólo faltaría que en ese órgano regulador viéramos a legisladores o a interesados de ahora.
Una reflexión de última hora quizá logre activar el sentido de responsabilidad de los legisladores para formular una enmienda legal vastamente consensuada o para persuadir a la sociedad de que la minuta aprobada efectivamente tiene bondades que ni con la mejor buena voluntad alcanzamos a vislumbrar, hasta este momento.
Es muy duro advertir la gran desconexión que existe en este asunto entre los electores mexicanos y los legisladores; éstos actúan como si los primeros no existieran pues parece que no tienen clara, aún, la gran responsabilidad histórica que les toca con todo esto. (El Universal).
