Lo que surgió, aparentemente, como una mera manifestación estudiantil integrada a una serie de marchas y mítines relacionadas con el 2 de octubre -recuerdo de la matanza de Tlatelolco en la ciudad de México- se tradujo luego, en Chiapas, en la toma de los principales edificios de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y en la pérdida de clases y becas y otros apoyos académicos para la mayoría de estudiantes matriculados en esa institución; hoy tiene en la incertidumbre a la segunda universidad pública más grande del estado. Si los paristas y las autoridades educativas (incluido el Consejo Universitario) no logran destrabar el conflicto, con más visos políticos que académicos, el próximo martes a las cero horas se estaría dando a conocer la cancelación del semestre escolar.
Esa incertidumbre que cierne sobre la Unicach se ha cebado ya, durante los doce días de paro de actividades académicas, con daños no sólo a terceros -es decir, la intolerancia de los paristas para con aquellos ciudadanos que lamentan y salen en defensa de ese patrimonio cultural que es la universidad-, sino con la afectación al más del 90 por ciento de los estudiantes que no sólo no comparte la toma de las instalaciones de la institución sino, urgentemente, demanda la reactivación de las clases y la vulneración de un sistema educativo que tanta falta hace a Chiapas.
En un documento emitido ayer por el Consejo Universitario, tras el fracaso de los dos intentos de diálogo el viernes por la tarde y el sábado al mediodía, éste manifiesta que los asuntos de la Unicach deben ser resueltos por la misma institución, sin injerencia externa, tema -esto de la injerencia externa- que han ventilado, de manera extraoficial, altos cargos de la misma universidad y diversos sectores de la sociedad. De ser así, de estar alguien externo tras los paristas, ¿qué tanta presión podría ejercer ese personaje, con no más que su presencia, como para evitar ser nombrado?
