Urge analizar regulación de alimentos procesados

Urge analizar regulación de  alimentos procesados

Recientemente, diputados dieron a conocer que trabajan en una iniciativa que busca prohibir la venta de productos con alto contenido calórico a menores de edad; al respecto, empresarios se han manifestado a favor de fortalecer el marco regulatorio, pero solicitando ser tomados en cuenta para no resultar afectados con bajas ventas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, Rafael Sánchez Zebadúa, dio a conocer que en otras entidades en las que se han aprobado iniciativas en este sentido, se plantea un esquema prohibitivo que incide de forma negativa en el aspecto productivo, económico y laboral, al no considerar a los empresarios.

En México, más de un millón 59 mil establecimientos venden productos procesados envasados y empaquetados, tales como abarrotes, supermercados, minisúper, tiendas de conveniencia, fondas y loncherías, los cuales ofrecen empleo a 2.7 millones de personas.

El sector más afectado con la prohibición de la venta de estos productos sería el pequeño comercio, que representa el 94 por ciento de los establecimientos, mismo que genera un millón 900 mil empleos directos.

El 50 por ciento de los clientes de este canal son menores de edad, por lo que hasta dos tercios de las ventas podrían afectarse por las regulaciones que busca hacer el Legislativo.

Mencionó que en Chiapas existe un total de 54 mil 401 pequeñas tiendas y abarrotes con ventas promedio mensuales de 55 mil 445 pesos, de los cuales 34 mil 930 son concepto de la venta de ese tipo de productos. Tienen un mercado de aproximadamente un millón 440 mil 168 personas menores de edad.

En el estado se cuenta con 19 mil 800 restaurantes y fondas, que generan alrededor de 120 mil empleos directos que podrían ser afectados con una prohibición radical.

El pequeño comercio representa la principal fuente de autoempleo con casi dos millones de empleos directos; en Chiapas se calcula que representa cerca de 65 mil empleos. La mayoría son negocios familiares en los que varios miembros participan.

En los estados en donde los gobiernos no han considerado la aprobación de este tipo de leyes, se da el caso de que un menor puede vender estos productos pero no los podría comprar, apuntó.

Durante la pandemia, el único sector manufacturero que creció fue el de alimentos y bebidas, sin embargo, el crecimiento entre canales fue muy desigual. El autoservicio se fortaleció, pero el tradicional, mayoreo y conveniencia reportan decrecimiento.

Hasta ahora han cerrado 150 mil tienditas en el país, la región más afectada ha sido el sureste, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Enfatizó que está comprobado que las restricciones radicales de productos generan el crecimiento del mercado negro de los mismos, y benefician al comercio informal, que ya representa hoy un 74 por ciento del total en el estado.

Sánchez Zebadúa señaló que como sector empresarial se suman a la propuesta nacional para trabajar de forma conjunta en tres frentes de acción que permitan mejorar el estilo de vida de las personas: educación (nutrición y hábitos saludables), activación (promoción del ejercicio físico) y reformulación (menos nutrientes críticos, adición de nutrientes favorables).

Se debe trabajar de forma conjunta con el gobierno un marco regulatorio adecuado y darle seguimiento a su correcta aplicación, con el compromiso de las empresas de impulsar actividades promocionales de los programas de actividad física y deportes.

El sector empresarial está consciente de la importancia de que la legislación vigente contemple medidas de protección a la salud de los menores de edad, para fomentar generaciones más sanas y mejor preparadas físicamente para enfrentar futuras situaciones, como las que hoy vive el mundo.

Para hacer esto se enfrentan cuestiones arraigadas como los hábitos alimenticios propios de la cultura, el sedentarismo y la falta de acceso, en muchos casos, a insumos como el agua potable, frutas, semillas y otros productos que permiten una alimentación más sana.

El problema de sobrepeso y obesidad se deriva de diversos factores entre los que destacan los culturales y económicos, por ello se requiere de propuestas completas con la colaboración de las familias, escuelas, sociedad, empresas y gobierno.

El sector empresarial precisa ser parte activa de cualquier propuesta encaminada a encontrar opciones que brinden resultados efectivos, sobre todo, que permitan evitar una afectación significativa a los sectores industriales, comerciales y a la actividad económica.