La diputada local, Adriana Bustamante Castellanos, mencionó que hasta ahora en el Congreso del Estado se han presentado dos iniciativas relacionadas a la prohibición de la venta de productos de alto contenido calórico a menores de edad, de las que enfatizó no prohíben ni la producción ni el consumo a ningún grupo de edad, tampoco la venta a personas adultas.
Mención que la finalidad de ambas iniciativas es que medie un adulto para que los productos empaquetados de alto contenido calórico y bebidas azucaradas, ya no lleguen a manos de niñas, niños y adolescentes, “quedando bajo la responsabilidad de madres, padres, tutores legales o adultos responsables, el consumo de estos productos por los menores de edad”.
“Un hecho innegable es que el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra afectan directamente la salud de la población en México y en el mundo, especialmente a la población infantil”, dijo.
Manifestó que la realidad es que por varios años prevalecieron políticas económicas y estímulos fiscales, que han beneficiado a la industria alimentaria, llenando los anaqueles mexicanos de productos de alto contenido calórico muy vistosos, incluso algunos promovidos como saludables.
“En México se han dado los primeros pasos hacia una protección a la salud más allá de los intereses económicos de la industria alimentaria, al aprobarse un nuevo etiquetado frontal para advertir a los consumidores sobre el contenido alimenticio alto en sodio, azucares y grasas, del que seguramente falta mucho por hacer para mejorar su proceso de implementación”, comentó.
Destacó que países como Corea, Taiwán, Chile, Singapur, Australia, Canadá y entre otros, han prohibido desde hace más de una década la publicidad de bebidas no saludables con alto contenido de azúcar.
Programa de vigilancia
Dijo que existen naciones con programas escolares de seguimiento, vigilancia nutricional, sicomotricidad y deportes, aunado a la prohibición de venta de productos ultra procesados a menores de edad.
Además, “se han documentado experiencias de éxito como en Japón y Uganda, que han logrado permear una cultura familiar sobre la alimentación sana y tradicional, desde el cultivo de alimentos hasta su preparación y consumo”.
La diputada dijo que el Covid-19 puso de manifiesto la necesidad de detener y revertir la epidemia de obesidad en el mundo entero.
“Se necesitan acciones enérgicas y coherentes entre el gobierno, la comunidad científica, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los medios de comunicación y los actores pertinentes del sector privado.
Se requieren políticas públicas enfocadas a la protección de los derechos, en este caso proteger la salud, la seguridad social y la alimentación de niñas, niños y adolescentes, porque ellos tienen el derecho a una alimentación saludable que asegure su pleno desarrollo físico y mental”, mencionó.
Agregó que la desnutrición y la obesidad son asuntos de política pública en Chiapas.
“La interrogante es qué se debe hacer más allá de regulación y prohibición, para comenzar debemos actuar cada quien en su ámbito de competencia, por ejemplo, el Gobierno Estatal y los ayuntamientos deben diseñar y dar puntual seguimiento a los programas de educación alimentaria y mejoramiento nutricional”, afirmó.
Por igual, dijo, se necesitan soluciones de mercado para rediseñar los sistemas alimentarios, de tal manera que se protejan y apoyen las opciones más saludables de alimentación.
También comentó que es imprescindible reducir el consumo de productos ultra procesados, envasados y de alto contenido calórico.
“Es importante regular la publicidad de estos productos, restringir su acceso a menores e implementar otras acciones. Para ello, los reglamentos deben vigilarse, revisarse y fortalecerse, como se hace con los productos de tabaco y bebidas alcohólicas, porque está científicamente comprobado que también los carbohidratos son altamente adictivos”, finalizó.