"Carlos Burguete * CP. El titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal, Carlos García Fernández manifestó que la única forma de resolver el problema de injusticia social que hay en México, y particularmente en Chiapas será a través de la generación de fuentes de trabajo. Extraoficialmente, Chiapas es de las entidades que menos empleos ha generado en los últimos siete ano, una muestra de ello, es el número de inmigrantes de la entidad hacia la frontera norte, Estados Unidos y Canadá, según datos de la Universidad Obrera de México (UOM) y del Consejo Estatal de Población (COESPO).
García Fernández manifestó que será de vital importancia la participación de los tres niveles de gobierno, así como de los empresarios, para dar las oportunidades de trabajo para las familias chiapanecas que se vieron afectadas por el huracán Stan, pues aseguró que con ello se evitará acrecentar el problema de la pobreza en estas zonas.
Asimismo, dijo que aunado al problema de la pobreza, al empresario lo que le importa es la seguridad del lugar en donde invertirá, por lo que expresó que ante el fenómeno de las pandillas juveniles como las Maras Salvatruchas, las autoridades deben atender a estos grupos delictivos, pues la ilegalidad y la inseguridad vulneran al sector empresarial.
Por otra parte, destacó que la informalidad de los negocios en el país, se debe a la corrupción que muchos empresarios se enfrentan al momento de tramitar sus documentos.
La tramitología, según la doctora Dora Ramos, directora de Desarrollo del Colegio de la Frontera Sur, con sede en Tapachula, podría ser una de las causas que fomentan la corrupción en los niveles actuales.
Carlos García Fernández aseguró que es necesario que los gobiernos den seguridad jurídica, pues dijo que los ciudadanos lo que quieren son reglas de juego, pues al reducirse los márgenes de discrecionalidad de la autoridad, el empresario obtiene una seguridad y certidumbre, lo cual permite combatir la corrupción.
""La corrupción, este tipo de negocios es una enfermedad anacrónica que tanto dano le ha hecho a este país"", expresó.
Asimismo afirmó que "" muchos empresarios que pretenden generar y emprender empleos, se topan con una muralla infranqueable, que no es más que la cantidad de regulaciones y trámites, que como una loza, agobian, asfixian e inhiben la actividad empresarial"".
El representante de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en su visita a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, destacó que el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) ha generado inversiones por más de 6 mil 82 millones de pesos y 115 mil 766 empleos directos, además de que se han abierto 45 mil 72 empresas a través de este sistema.
Carlos García Fernández anadió que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, garantiza la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas logren beneficios mayores a sus costos para la sociedad a través de la evaluación del marco regulatorio federal, así como la de diagnosticar su aplicación, y elaborar, para consideración del Gobierno Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.
A pesar de que el funcionario federal no dio a conocer la cifra de cuántos negocios en el país están operando en la informalidad, aseguró que el llevar a cabo la regularización de éstas le cuesta a México entre 10 y 12 por ciento del Producto Interno Bruto.
Expresó que la corrupción se desarrolla con mayor claridad entre las medianas y pequenas empresas, pues el dueno de estos negocios no tiene los recursos para contratar despachos de contadores, abogados, o simplemente para cabildear en los congresos locales, para permitirle abrir su negocio sin que esto representa grandes cantidades de dinero, entre trámites y corrupción.
Ante ello dijo, la única solución a este problema que dana la economía de los mexicanos será la implementación de métodos emergentes como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que garanticen el respaldo de las instituciones de gobierno ante estos inversionistas.
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