"Carlos Burguete * CP. Mientras que a nivel federal las penalidades que se establecen en contra de quienes construyen en zonas consideradas como de alto riesgo son equiparables a las que se imponen en delitos como el homicidio doloso, a nivel local los estados, entre ellos Chiapas, carecen de sanciones de carácter penal para castigar este tipo de actividades que afectan no solamente el patrimonio de las personas, sino que además ponen en peligro su propia vida.
Si bien en la actual Ley de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres de Chiapas otorga facultades a las autoridades de Protección Civil para notificar, suspender y sancionar con más de mil salarios mínimos por la venta de predios ubicados en zonas vulnerables, las multas que se aplican a quienes efectúen actos u omisiones negligentes que ocasionen perjuicios y desastres que afecten a la población, sus bienes, su entorno natural, son en su gran mayoría de tipo administrativo.
Lo anterior, no sólo permite el que se sigan construyendo viviendas en zonas catalogadas como no aptas para asentamientos humanos, sino que además facilita a las grandes constructoras en Chiapas evadir un proceso de carácter penal.
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula son los dos municipios en el estado de Chiapas en donde abundan las ventas de terrenos irregulares, muchos de ellos ubicados en zonas potencialmente riesgosas o que por su localización, carecen de los servicios elementales que habrán de requerir quienes buscan construir o habitar una vivienda.
De acuerdo con las autoridades de Protección Civil de Chiapas, se considera como terrenos irregulares aquellos que se encuentran en suelos inestables, asentamientos, zona de posibles deslaves, agrietamientos, cauces naturales de cuerpos de agua, entre otros.
Recientemente el secretario de Desarrollo Social a nivel federal, Heriberto Félix Guerra, llamó a los gobiernos estatales para enviar iniciativas de ley a sus congresos para que legislen a fin de tipificar como delito la construcción de viviendas en zonas vulnerables o de riesgo, como laderas de cerros, riberas y cauces de ríos, fallas geológicas, humedales y vasos reguladores, entre otras.
Para el integrante de la Comisión de Protección Civil en el Congreso del Estado, Aquiles Espinosa García, consideró que son las autoridades de los municipios quienes están obligados a impedir que se construyan cualquier tipo de edificaciones en zonas de alto riesgo, así como la de aplicar las sanciones correspondientes.
""Los Ayuntamientos tiene la obligación de impedir las construcciones de cualquier tipo en zonas de riesgo; en el caso de Tuxtla Gutiérrez se está viendo que ya no hay espacios dónde construir más que en las laderas de los cerros, por lo que hay que tener mucho cuidado para evitar esa situación. En otros municipios hemos visto cómo la gente construye a orillas del río, de ahí que la autoridad debe ser más rigorosa y con el uso de la fuerza legal impedir que se construyan viviendas en zonas de alto riesgo"", apuntó.
El legislador local afirmó que el tener una Ley de Protección Civil para el estado de Chiapas representa un avance importante para evitar riesgos y desastres hacia la población, aunque dijo que esto no es suficiente, pues señaló que de nada sirve el hacer leyes y normas, si las autoridades de los diversos niveles de gobierno no las ponen en práctica.
""El problema es que a menudo se publica la legislación correspondiente pero todo mundo se olvida de ello y lamentablemente la que está obligada hacerla cumplir es la autoridad pero también se olvida; lo que se trata entonces es que las autoridades hagan valer la ley y si se encuentra dificultades para que se aplique la ley, entonces se tiene que reformar"", indicó.
En el estado de Chiapas existen más de un millón 104 mil viviendas edificadas a lo largo de los 122 municipios, muchas de ellas fueron construidas cerca de ríos, arroyos, cerros, laderas, sin contar con un análisis previo de los riesgos que representaba el asentar en estos lugares.
En ese sentido, Luis Manuel García Moreno, director del Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado, señaló que con las nuevas disposiciones que contiene la ley local, se obliga a todas aquellas personas que pretenden construir un nuevo edificio o vivienda a solicitar un dictamen de riesgo, con la finalidad de garantizar la factibilidad de uso y funcionamiento adecuado de las construcciones, por lo que no hacerlo representa una violación a la propia ley, lo que deriva en sanciones.
""Si alguien va construir un nuevo edificio o vivienda y no solicitan un dictamen de protección civil pudieran tener serios problemas, todos los días hacemos dictámenes de riesgo o no riesgo cuando se nos solicita y de propia iniciativa buscamos situaciones donde pudiera existirlo"", acotó.
En el caso de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, son varias las colonias que presentan serios problemas en la estructura de sus viviendas, debido a que se encuentran en zonas donde el suelo no es apto para este tipo de edificaciones.
El ejemplo claro de la falta de aplicación de la ley así como de la impunidad en la que operan muchas desarrolladoras de viviendas, ha sido el caso de los habitantes del fraccionamiento de la ""Cueva del Jaguar"", donde sus casas fueron catalogadas como inhabitables, al situarse en una zona de hundimiento y que originó que la Delegación del Infonavit en Chiapas destinara recursos por 70 millones de pesos por concepto de la cancelación de la deuda y la devolución de los pagos a las familias que resultaron afectadas por el deterioro de sus casas.
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