Nueve organizaciones defensoras del ambiente afirmaron que continúa la destrucción de humedales en San Cristóbal de Las Casas, “en complicidad con algunas instituciones” oficiales.
“Muchas instituciones creadas en un inicio para defender a la naturaleza y al medio ambiente se han aliado de manera decidida con los dueños del dinero, tratando de justificar lo imposible: la corrupción e impunidad que permite la destrucción de la Madre Tierra”, afirmaron.
En una declaratoria dada a conocer durante un acto celebrado ayer para conmemorar el quinto aniversario de haber designado lugar sagrado los humedales de montaña “María Eugenia”, criticaron a las autoridades municipales y estatales por “permitir y tolerar la destrucción de los humedales y pese a la instalación de mesas de trabajo, el expediente no avanza”.
Señalaron que “la Procuraduría y Fiscalía Ambiental no sólo son omisas, sino que abiertamente se ve una complicidad con los delincuentes ambientales; el expediente ambiental de las invasiones a lado del manantial Navajuelos desapareció de los archivos” de la segunda dependencia.
“Los casos no avanzan, pese a que existen guardias para interponer las denuncias, argumentan que no están trabajando, y el colmo de los colmos es que cuando el Gobierno Federal decide actuar para detener en infraganti a los destructores y ecocidas, alguien les da el pitazo y ese día misteriosamente no aparece nada ni nadie en los terrenos rellenados de los humedales.
Varias veces han existido clausuras simbólicas, propagandísticas”, agregaron.
Expresaron que “en los humedales de montaña de ‘María Eugenia’ nos encontramos desde hace más de cinco años en un proceso de resistencia a la devastación ambiental que venía desarrollando la constructora Peje de Oro, con el relleno del humedal, el cual se encuentra en el polígono internacional del sitio Ramsar, lo que obligó a las autoridades ambientales y a la clase política a intervenir y suspender la obra, por las irregularidades en los permisos, por la violación a los derechos humanos que realizó personal de la empresa bajo amenazas y la constante zozobra que sufrieron habitantes que se oponían a la destrucción del humedal”.
Sin embargo, abundaron, “nos enteramos de que la empresa ha puesto un amparo, en el que busca continuar las obras, sin importarle que miles de personas se queden en un futuro sin agua y muy complicado”.
“Nosotros tenemos claro que el agua es un derecho humano, pero mantenerla, custodiarla es una obligación que tenemos con la Madre Tierra, en el que ella generosamente nos proveerá y dará el vital líquido para la supervivencia de todos y todas”.
Entre las organizaciones que firman la declaratoria están Servicios y Asesoría para la Paz; el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos; Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente; Comunidades Eclesiales de Base; el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca de Jovel; y Guardianes de la Madre Tierra.
