La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam), agrupada por más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos de distintas universidades, exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que prohíba la importación de pesticidas importados como el glifosato.
A través de una carta, las 180 organizaciones instaron a las autoridades federales a que mantengan la negativa a la importación de glifosato y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del Covid-19.
Las organizaciones mencionaron que la Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso de este herbicida en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad.
Las organizaciones mencionaron que para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de la Semarnat.
Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que buscan echar abajo esta decisión.
El glifosato es un plaguicida de alta peligrosidad autorizado por la Cofepris para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos agrícolas, urbanos y de jardinería.
El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por Cibiogem, en una base de datos de acceso público.
Se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia de Covid-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, además de aves y reptiles.
La carta pide que se dé prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la Cofepris, Semarnat y Sader de que el Plan Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables.
“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de café y otros cultivos”, declaró Luis Martínez Villanueva, de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió: “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica, estamos en contra”.
La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y agroecología en varias universidades de México, como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Autónoma de Nayarit.
También cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (Rapal) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del Colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociación Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), el Grupo de Trabajo de Fiocruz y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.
