"La Selva Lacandona tiene sus días contados y en sólo dos décadas será un inmenso continente de acahuales; éste es el fatídico pronóstico para un macizo forestal tropical que abarcaba un millón y medio de hectáreas distribuidas en cinco municipios, el cual, luego de ser sometido a un constante proceso destructivo, tiene ya sólo unas 380 mil hectáreas.
El proceso destructivo allí comenzó en la década de los años '50 con las primeras dotaciones que han ido disminuyendo las áreas boscosas.
Los decretos que intentan proteger a la Selva no han podido cumplir con ese objetivo. Ha habido una masiva colonización que luego fue legalizada mediante documentación agraria que dio relativa certidumbre en la tenencia a los grupos campesinos.
Sus descendientes han crecido, pero al no haber alternativas productivas que permitan ocupación y mejor nivel de vida, se ven obligados a continuar en el esquema tradicional de rosa, tumba y quema.
Al desafío que representa el intentar preservar lo que queda de la Lacandona conocido ahora como la Reserva Integral de Montes Azules creada por decreto del gobierno federal en 1978, con 331 mil 200 hectáreas, sin que se concretara ninguna alternativa para los pueblos indígenas asentados ahí, se suma el desorden agrario.
Muchos ejidos están legalmente constituidos con una sobreposición de origen a los bienes comunales lacandones --el presidente Luis Echeverría (1963-1970) otorgó 614 mil 321 hectáreas a 66 familias de indígenas lacandones-- y la misma autoridad agraria de aquellos años siguió la tramitación y a esos pueblos les recayó una resolución pesidencial de dotación.
Los comuneros de la Lacandona no acudieron ante la autoridad judicial competente para revertir ese fallo presidencial, sino que dejaron que se consolidaran legalmente, siguiendo en la perspectiva del reclamo político y social y de la inconformidad, pero había que seguir el camino legal para anular esa decisión y no lo hiceron, por lo tanto esos poblados están legalmente constituidos.
Si una resolución pesidencial le otorgaba 800 ó 1,000 hectaréas a determinado núcleo, éste ha abarcado mayor superficie en detrimento de la tierra de los bienes comunales, de allí la inconformidad de los tzeltales de Palestina, de los choles de Corozal y de los propios lacandones. Más tarde llegaron nuevos invasores, luego se crearon rancherías, como es el caso de ""Indio Pedro"".
En el colmo de los hechos, esta última obtuvo un amparo de la Suprema Corte de Justicia después comprobar que tenía décadas de permanecer allí de manera pacífica. Indio Pedro se halla en el corazón de la Reserva de Montes Azules y allí sigue porque los comuneros no impugnaron legalmente.
Sin embargo el desalojo tal vez no es la solución. Ahora se habla de reubicación; es lo mismo. Es un desalojo ya no a golpes sino a empujones. La solución es la continuación del diálogo, sin importar cuánto tiempo, pero presentar alternativas reales de caracter productivo y económico que permitan ocupación a la gente y resolver la penuria social.
De otra manera continuará avanzando la destrucción del bosque. Los programas de empleo rural deben rescatarse como una alternativa de ocupación que permita tener un ingreso a esta población para comprar los básicos y dejarlos de sembrar en la selva, porque en ésta una hectárea de maíz dará escasamente unos seiscientos kilogramos si bien le va.
En relación a los asentamientos irregulares, hay grupos de éstos que estan dentro de Montes Azules y que sin embargo, cuentan con documentación agraria legal, la cual seguramente habrán de hacer valer. Los que están de manera irregular no son más de 3 mil personas, por ello reubicar a esa población es un esfuerzo que dará mucho de qué hablar.
Si esto se concreta, será un problema de grandes magnitudes. Todavía hay tiempo de buscar una alternativa más coherente, pacífica.
En esa región de Chiapas existen alrededor de 250 organizaciones pequeñas de 20 o más socios, aunque también están presentes otras más grandes como al ORCAO, la ARIC-Independiente, ARIC Unión de Uniones, UGOCP, OCEZ, entre otras que políticamente tienen peso y que deberán ser escuchadas por el gobierno.
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