Laura León Carballo, secretaria de Gestión y Control CEDH Chiapas y exconsejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), afirmó que aún existen lagunas jurídicas para que una mujer pueda acceder y ejercer puestos de elección popular en el estado, sin violencia política.
La exconsejera comentó que en el siguiente proceso electoral 2020-2021, autoridades locales y federales deben reforzar la ley para cubrir aspectos que no se habían considerado antes, como acciones afirmativas en zonas indígenas, principios constitucionales y hacer que los partidos políticos cumplan la paridad horizontal, vertical y transversal, pero en serio.
Desde su experiencia, León Carballo detalló que es importante tomar como referencia dos momentos fundamentales para hablar sobre la paridad de género en la política como fue el proceso de 2014-2015 y 2017-2018, donde las acciones y procedimientos electorales marcaron históricamente a Chiapas.
En el primer caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por medio de una sentencia hizo que se modificaran a los candidatos a puestos de elección popular en todos los distritos y municipios a escasos días de la elección debido a que no se respetó el principio de paridad vertical y horizontal.
Desafortunadamente el procedimiento de los partidos políticos en la elección de sus candidatas y candidatos, que aprobados en su momento por los entonces integrantes del Instituto Estatal Electoral, no eran aceptables ni correctos, de tal forma que los consejeros del IEPC fueron removidos de sus cargos e incluso, se iniciaron procedimientos en su contra, por lo que este tema polémico se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer a nivel nacional en materia de equidad.
Refirió que en 2017-2018, se visibilizó la renuncia de 40 mujeres que fueron ganadoras de puestos de elección popular ya sea en municipios o en el Congreso del Estado, a dicho fenómeno se le denominó, “las manuelitas” ya antes se había bautizado a nivel nacional como “las juanitas” que eran mujeres que ocupaban cargos como diputadas federales o senadoras y luego renunciaban para ceder los espacios a hombres que eran sus compañeros de fórmula.
“Esto se hizo con el objetivo de que la autoridad no tuviera más opción de aceptar a un hombre para el puesto, sin embargo, fue debidamente atendido y conocido el tema de “las manuelitas“. Por ello, la decisión del Consejo General, los criterios del Instituto Nacional Electoral y el respaldo de la Sala Superior del TEPJF, hizo que actualmente los espacios fueran cubiertos por la siguiente mujer del otro partido político con más votos”, explicó.
León Carballo comentó que aún existen lagunas jurídicas que deben atenderse, sobre todo o al momento en el que las mujeres entran a ejercer el cargo.
“Cuando una mujer renuncia en los Ayuntamientos, tienen que ser sustituidas por el mismo género y los partidos deben respetar la prelación, pero si bien se protege la paridad, no se respeta el orden en que fueron nombrados, el partido puede elegir a quien desee, aunque debería ser bajo el principio de prelación”, finalizó.
