De acuerdo a la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), para que en Chiapas no se siga permitiendo que las agencias de viajes “patito” o irregulares operen y defrauden al turismo nacional y extranjero, es necesario que se apliquen filtros para que se pueda regularizar esta actividad.
Y es que tras las denuncias que se viralizaron en redes sociales por los supuestos fraudes en las que se vio involucrada la agencia denominada “The tour” en la capital chiapaneca, misma que fue señalada por estudiantes universitarios de no cumplir con el servicio, las empresas dedicadas que están legalmente establecidas se están viendo afectadas.
Ante ello, la presidenta en Chiapas de la AMAV, Maricarmen Ponce Robles, declaró las competencias que tiene esta organización y en torno al caso de The Tour, destacó que la misma dejó de pertenecer a la asociación desde el mes de enero derivado de las constantes quejas por las que atravesaba y por los estatutos que marca el reglamento es que retiraron a la empresa.
Señaló que a 74 años de la fundación de la AMAV no se ha habían suscitado casos de este tipo, ya que las agencias son seguras, y delimitó que para que una agencia pueda pertenecer a esta organización y pueda operar tiene que presentar una serie de requisitos y documentación que las avale para pasar por un filtro, tal es el caso de tener Cédulas de Registro de Turismo, RFC y el Registro Nacional de Turismo, entre otros.
Con relación a las cédulas, enfatizó que la Secretaría de Turismo debe limitar la expedición de las mismas y no dárselas a cualquiera, así como establecer dispositivos en donde se pidan fotos de las oficinas por fuera, por dentro, mobiliario, es decir, que existan realmente y no den direcciones falsas.
Por ello, expresó, se trabaja en el regreso de un comité verificador que está contemplado dentro de la Ley de Turismo para que se vigile e inspeccione los establecimientos con este giro para ver si están en regla, los precios que manejan o de lo contrario seguirán estas prácticas.
En cuanto al tema de los fraudes, sentenció que “demandar es la solución por parte de los afectados pero la competencia de AMAV es conciliar y retirar en su caso la credencial de pertenecer a ésta”, pero “no está dentro de su competencia meter a la cárcel a quienes cometan alguna irregularidad, sino que las personas tienen que dirigirse a las autoridades competentes como la Profeco y en su caso con la Fiscalía General del Estado”.
Externó que en temporada vacacional alta existen muchos fraudes y aunque se disfracen de “agencias” son defraudadoras, por lo que hay que checar bien a quién solicitan los servicios y “no irse por lo más barato, pues a veces a sale más caro”.
Sobre el tema, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chiapas determinó que no puede actuar de oficio o por denuncias a través de redes sociales, por lo que es necesario que lleguen a realizar la denuncia y hasta el momento en torno a The Tour no la han presentando.
No obstante, explicó que cuando se trata de proveedores que son reincidentes, existen sanciones de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor que dependen de acuerdo al giro de la empresa, capacidad económica y el monto que hayan defraudado.
En el caso de agencias de viajes no existe obligatoriedad del contrato de adhesión (contrato preestablecido que no puede sufrir modificaciones), por lo que se ha exhortado a las empresas que para poder dar certeza a sus clientes los implementen como una manera de garantizar el servicio que ofrecen y establecer la diferencia con su competencia. Asimismo, a la dependencia le sirve como herramienta o “arma” para poder exhibir un caso y aplicar sanciones por no cumplir el contrato.
En este sentido, la Profeco externó que cuando se presenta un caso de este tipo se evalúan las características del proveedor, tales como si tienen registro, RFC, dirección en donde se notifique, actuación en casos anteriores, es decir, un historial para poder llevar el caso y ver si fue un fraude como tal por su forma de operar, que de ser reincidente se pueden tomar medidas cautelares, como orden de aprehensión, aparte de una sanción económica.
