La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reveló un diagnóstico alarmante sobre la falta de regulación del suelo en San Cristóbal de Las Casas, municipio que enfrenta una crisis urbano-ambiental derivada de décadas de descoordinación, normativas obsoletas y presiones de intereses económicos.
Los hallazgos, incluidos en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, exponen un círculo vicioso de degradación ecológica, conflictos sociales y riesgos para la salud pública, mientras se proponen soluciones urgentes para revertir el colapso.
Documento
El informe, producto de mesas de trabajo con la ciudadanía, identifica como raíz del problema a la falta de instrumentos actualizados para definir usos de suelo. La Carta Urbana, documento clave para la planeación territorial, no se actualiza desde hace años.
Esa falta de actualización ha permitido invasión de Áreas Naturales Protegidas, laderas, bosques y humedales, muchos en manos privadas un desarrollo inmobiliario descontrolado, impulsado por la demanda de vivienda y la especulación de terrenos.
Las consecuencias ya son visibles en dos dimensiones críticas, con un colapso ambiental, visible en la crisis de agua, con contaminación de humedales, escasez del líquido y falta de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Conflictos
Por su parte, los conflictos sociourbanos ya son visibles en la gentrificación y sobrepoblación bajo un crecimiento desordenado desplaza a comunidades originarias y satura servicios básicos. También detectaron fraudes en venta ilegal de terrenos en zonas de riesgo, lo que genera conflictos entre pobladores y desarrolladores.
Frente a este escenario, el programa propone un plan estratégico basado en cinco ejes: actualizar la Carta Urbana para definir usos de suelo con criterios técnicos y ambientales, crear el Instituto Municipal de Planeación (Implan), con personal especializado y presupuesto para regular el territorio.
Así como armonizar normativas entre dependencias y combatir la corrupción con transparencia en permisos; fortalecer la participación ciudadana en decisiones urbanas, incluyendo a comunidades indígenas y colectivos ambientales; y sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger Áreas Naturales Protegidas y humedales.
